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Wednesday, November 05, 2014

La ley del silencio

En Colombia es patente la impunidad de los poderosos, que se pone de manifiesto en el viejo dicho de "La ley es para los de ruana".  Y tan grave y escandaloso como que a los ciudadanos no los ampare el derecho es que los medios de comunicación oculten lo que no conviene a quienes mandan.
Poco conocido es el caso de la denuncia que presentó la abogada Ana María González Olaya contra el actual director de Canal Capital Antonio Morales Riveira por violación y violencia doméstica. Es un periodista muy influyente al que se conoce por ser el guionista de Godofredo Cínico Caspa, el personaje que interpretaba Jaime Garzón, y por su afinidad ideológica con los jueces y fiscales que tantos desmanes cometen día a día.
Dado el escaso interés que se muestra por el caso, reproducimos una carta que la denunciante divulgó recientemente.

Se puede encontrar más información en la cuenta de Twitter @OlayaAMG
Cordial saludo
No puedo iniciar mi exposición sin antes agradecer la atención y solidaridad que Uds han prestado en lo que concierne a la gente presente denuncia.
He informado a las autoridades policiales sobre las circunstancias de las últimas semanas, en las que un sujeto desconocido aparece cerca a mi lugar de residencia y coincide con mis horarios de salida. Se moviliza en motocicleta roja y negra y lleva casco con visor oscuro, lo que no me permite identificarlo. La presencia de este sujeto ha prendido alarmas en mi familia por una posible amenaza a la vida e integridad de mi núcleo familiar y propio. En este sentido se ha solicitado a la policía nacional que dé cumplimiento a medidas de protección emitidas por la Fiscalia 357 seccional en la ciudad de Bogotá, la cual fue radicada en la ciudad de Cali, fechada al 11 de septiembre de 2014.
No obstante lo anterior, tengo claro que mientras haya impunidad en los procesos penales interpuestos contra el señor Antonio Morales Riveira, por los delitos arriba descritos, las medidas de protección solo son garantías de papel, puesto que las verdaderas y efectivas medidas como lo sería la medida de aseguramiento del agresor, solo proceden en etapas más avanzadas del proceso, con conocimiento de un honorable Juez de la República.
¿Por qué en 5 meses de iniciadas las acciones legales en contra del sujeto mentado, no ha habido mayor avance en la investigación judicial y el proceso penal, impidiendo la adopción de efectivas medidas de protección para la víctima y su familia?
La respuesta a ese interrogante se suscribe a la negligencia de los entes de investigación como el CTI, como cuando la investigadora delegada al proceso dra. Paula Barragán, el pasado mes de agosto, afirmó haber citado a los testigos que relacioné en la denuncia y posterior memorando radicado en la Fiscalía. Posteriormente afirmó que los testigos eran reacios a presentar declaraciones, por lo que serían conducidos con la policía. No obstante, el mes de septiembre, haciendo revisión de la carpeta antes de verme obligada a salir de la ciudad de Bogotá, me percaté que en el informe judicial y menos en el expediente hay constancia de haberse efectuado dichas citaciones.
Es preocupante está situación, en vista de que he solicitado un sinnúmero de trámites y diligencias con vocación probatoria, que a la fecha no han sido atendida por la Fiscalía ni por el CTI, lo cual dilata el avance de la investigación. Así las cosas, el expediente no cuenta con la relación de llamadas y mensajes de texto con los que el agresor me amenazó de muerte en varias ocasiones y luego trato de disuadirme de iniciar acciones legales. No se ha recolectado video de las cámaras se seguridad de la unidad residencial dónde ocurrieron los hechos, ni se ha recolectado los testimonios solicitados y de los cuales sé que muchos han sido despedidos y no se ha informado al CTI la dirección de notificación. Tampoco a la fecha se ha generado valoración psiquiátrica pedida a medicina legal desde la fecha en que se instauró denuncia para dejar evidencia de las perturbaciones psíquicas derivadas de las agresiones y la calificación de estas como permanentes.
¿Hasta cuando habrá impunidad? Ya funcionarios de la policía nacional en la estación de Santa Fe en la localidad del mismo nombre en Bogotá habían abierto camino a la impunidad, cuando desistieron de su deber de prevenir y atender las agresiones denunciadas frente al señor Antonio Morales Riveira. Fueron dos las ocasiones en que interpuse querella y nunca se requirió al agresor que se acogiera a los compromisos de comportamiento adquiridos en las audiencias. Con estas medidas se hubiese podido evitar la grave lesión objeto de denuncia.
Lo cierto es que a pesar de mi insistencia ante los medios de comunicación en reflejar la importancia del tema de la violencia de género, como flagelo actual de la sociedad, medios y sociedad se han hecho sordos al tema, como si esto fuera un asunto doméstico aislado sin trascendencia.
Cada vez que emprendo la lucha sola, se deteriora mi salud. Perdí la confianza en las autoridades, en la sociedad y los medios. Se me acabaron las fuerzas y no quiero abrir más las puertas al dolor que me causa este flagelo. Me siento expuesta a la espera de que un asesino un día toque a la puerta de mi casa y silencie mi denuncia.
La situación la agrava el hecho de que el representante legal que me fue asignado por la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá es muy pasivo, y ha permitido dilatar el.proceso. Puesto que no actúa en conformidad con la especialidad, urgencia y necesidad del caso.
Finalmente, por lo anterior, solo queda rogar su apoyo y poner de manifiesto que señalo al señor Antonio Morales Riveira como responsable por atentados o agresiones a la vida o integridad de miembros de mi grupo familiar o mías, directa o indirectamente relacionados con mis denuncias, en el marco de la impunidad que se ha observado hasta la fecha, a pesar de haber identificado, individualizado al agresor y haber puesto a disposición de las autoridades (Fiscalia, CTI) elementos materiales probatorios que dan cuenta de la ocurrencia del hecho, de la denuncia y otros actos anteriores de violencia sistemática de género, por parte del indiciado, los cuales vulneran mis derechos y libertades.
Se despide
Ana María González Olaya
Abogada
Víctima en la causa denunciada.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

No es admisible, menos desde la ética periodística, presumir la veracidad de un relato sin confrontar otras fuentes. La prensa NO debe actuar como juez; y hasta la fecha la justicia no se ha pronunciado. Existen diversas evidencias, incluso testimoniales, que demostrarían que esta historia hace parte de un montaje, de una acción premeditada y revanchista por parte de una persona que no vio satisfechas sus aspiraciones sentimentales.

6:35 AM  

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