El 9 de enero, El Espectador publicó un artículo, titulado "Los tiempos anormales de Trump", firmado por George Soros, el conocido administrador de fondos de riesgo de Nueva York. El multimillonario húngaro-estadounidense comienza diciendo " Debo decir quién soy y en qué creo". Parece que a través de esta pieza, escrita "especialmente para El Espectador", el fundador de las Open Society Foundations intentaba presentarse a los colombianos. Lleva unas cuantas décadas de retraso.
De hecho, Soros ha sido, al menos desde los años noventa, una persona clave en la definición de la política de EE.UU. hacia Colombia y también de la política interna del país. A través de su propia red de ONG y de las que patrocina, Soros ha emprendido un asalto de décadas a las instituciones del país con el fin de legitimar a los grupos narcoterroristas, un objetivo que está
muy cerca de lograr.
El pasado mes de diciembre, el Congreso colombiano ratificó un "acuerdo de paz" entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo narcoterrorista conocido como FARC, haciendo caso omiso del hecho de que el acuerdo fue rechazado por un plebiscito nacional el 2 de octubre. El principal cartel del narcotráfico del mundo tiene garantizadas curules no elegidas en el Congreso, Santos tiene poderes por decreto y Colombia se está convirtiendo rápidamente en un narcoestado fallido. El camino para este fin fue pavimentado y financiado por George Soros, y logrado a través de un triple enfoque: el debilitamiento del Estado y sus instituciones, el bloqueo de los esfuerzos de erradicación de cultivos ilícitos y la promoción de la legalización y despenalización de las drogas.
Con el pretexto de promover los Derechos Humanos, en 1978 Soros cofundó Human Rights Watch (originalmente Helsinki Watch). No sólo aportó a la ONG cientos de millones de dólares, a través de la
Open Society Foundation, sino que también se sienta en su Consejo Asesor para las Américas. En los años noventa, HRW, junto con
Amnistía Internacional, la Oficina de Washington para América Latina (
WOLA) , y las
Brigadas Internacionales de Paz, todos patrocinados por la Open Society, comenzaron a definir al ejército colombiano como un violador sistemático de los derechos humanos. De hecho, durante los gobiernos de Ernesto Samper (1994-1998), acusado por los Estados Unidos de financiar su campaña presidencial con el dinero de un cartel de la droga, y Andrés Pastrana (1998-2002), los esfuerzos combinados de las ONG patrocinadas por Soros lograron desmantelar el ejército, obstaculizar sus operaciones y retirar a sus principales comandantes por medio de acusaciones falsas de abusos contra los derechos humanos.
A mediados y finales de los noventa hubo una batalla en el interior del gobierno de los Estados Unidos entre el Departamento de Estado y el Pentágono con respecto a la naturaleza de los grupos terroristas FARC y ELN. Myles Frechette, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, insistió en que no había evidencia de ningún vínculo entre estas organizaciones terroristas y el narcotráfico, aserto que las FARC reprodujeron en varias comunicaciones, incluyendo una "
Carta abierta al pueblo estadounidense" de 1998. Frechette trabaja actualmente con Soros en el Consejo Asesor de HRW.
El general Barry McCaffrey, asesor de la política de drogas en EE. UU., declaró en 1996 que las FARC y el ELN eran una fuerza narcoguerrillera. "La opinión del Pentágono resultó ser verdad, ya que las FARC son ahora reconocidas como el principal cartel de cocaína del mundo”.
HRW y otras ONG fundadas por Soros, dirigieron una campaña implacable contra las Fuerzas Armadas de Colombia y sus miembros. En un informe de 1996 titulado "Redes de asesinos de Colombia: la alianza militar-paramilitar y los Estados Unidos”,
HRW escribió: "Con el objetivo de declarar una guerra contra las drogas, Estados Unidos ha armado, entrenado y asesorado a las Fuerzas Armadas de Colombia, a pesar de su desastroso historial en temas de derechos humanos". El informe continuó acusando al general jubilado Farouk Yanine Díaz y al general Harold Bedoya, entre otros, de confabularse con grupos paramilitares para cometer o encubrir atrocidades.
Estas acusaciones constantes fueron amplificadas por los medios de comunicación estadounidenses vinculados a Soros. El principal de ellos era The Washington Post. No es de extrañar que Len Downie, editor ejecutivo de este diario entre 1991 y 2008, y su actual vicepresidente, también sea miembro del consejo del Centro de Información Investigativa, que ha recibido más de un millón de dólares de la Open Society de Soros.
En un artículo del Washington Post de 1997 titulado "A medida que su guerra civil se intensifica, Colombia emerge como la Bosnia de Sudamérica" y firmado por Ana Carrigan y Robert O. Weiner, los autores calificaron la supuesta connivencia entre militares y narcotraficantes en una "guerra sucia" y la comparó con la limpieza étnica de Bosnia. "Los paramilitares masacran [civiles], cumpliendo el deseo de los militares de contar con un alto número de cadáveres y permitir a sus patrocinadores consolidar y expandir sus tierras", agregaron, sin proporcionar ninguna base para estas afirmaciones.
Ana Carrigan, coautora del artículo de 1997, es escritora de OpenDemocracy, una organización financiada principalmente por Open Society y
Open Society Initiative for Europe. El propio Soros es columnista de OpenDemocracy. Su cobertura continua del conflicto colombiano ha mantenido una orientación pro-terrorista a lo largo de los años. También es autora del libro
El Palacio de Justicia: una tragedia colombiana, en el que falsamente afirmó que fueron los militares, y no los terroristas del M-19, quienes asesinaron a la mayoría de las víctimas durante el ataque terrorista del M-19 al Palacio de Justicia en 1985. Una crítica del libro que publicó Rex A. Hudson señaló las muchas falacias de Carrigan, entre las que destaca su dependencia de fuentes anónimas y su desdén por el testimonio de sobrevivientes creíbles. El libro sigue siendo uno de los pocos relatos de la
masacre del M-19 que se han publicado en lengua inglesa.
En artículo publicado en el
Washington Post en mayo de 1998, Bernard Aronson, ex secretario de Estado, promovió el falso relato militar-paramilitar de HRW, escribiendo que al ayudar a los militares colombianos, Estados Unidos se arriesgó a "aliarse con fuerzas paramilitares que habían masacrado recientemente a 21 civiles, incluido un niño de cuatro años, en un remoto pueblo en territorio controlado por la guerrilla". Aronson propuso en cambio que las FARC y el ELN
podrían ayudar a erradicar los campos de coca a cambio de la ayuda estadounidense y una cuota de poder en Colombia.
Aronson fue y sigue siendo miembro del think tank Diálogo Interamericano, financiado indirectamente por Soros, a través de la Fundación Avina, la cual figura en un puesto destacado entre los principales donantes de dicho think tank recibe financiación de la Open Society. Además, Michael Schifter, el director de Diálogo Interamericano, participa en el Consejo Asesor de HRW junto con Soros. Con la reciente ratificación del acuerdo entre Santos y las FARC, Aronson no sólo vio concretada su propuesta de 1998, sino que ayudó a diseñarla desde 2015 como enviado especial del presidente Obama a las conversaciones de paz que condujeron a dicho acuerdo.
En 1998, Soros completó su labor de influir en el Departamento de Estado con el nombramiento de Harold Koh como secretario de Estado adjunto para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo. En un flagrante conflicto de intereses, Koh fue también
miembro del consejo de administración de HRW.
"El principal mecanismo de la campaña de difamación contra los militares colombianos es el Informe de Derechos Humanos que el Departamento de Estado presenta cada año al Congreso de los Estados Unidos", escribió Miguel Posada (mi padre), fundador del Centro de Estudios Analíticos y Verdad Colombia en un
artículo de marzo de 2000 de la Asociación Interamericana de Prensa Económica. Durante muchos años, el informe del Departamento de Estado era casi una copia exacta del informe de Soros y HRW.
Los logros de Soros a través de su influencia en el Departamento de Estado incluyeron lo siguiente: El
desmantelamiento de la Brigada XX de Inteligencia en 1998 (acusada por el Departamento de Estado –de acuerdo con el Washington Post– "de promover las actividades de escuadrones de la muerte"); el bloqueo de millones de dólares en la asistencia de los Estados Unidos, como se describe en los informes de HRW para todos los años pertinentes; y la
destitución de cientos de oficiales.
Los resultados de esta política de apaciguamiento financiada por Soros fueron desastrosos para Colombia. Según estadísticas de la Universidad Militar Nueva Granada, entre 1990 y 2000, el número de terroristas de las FARC pasó de unos 8.000 a más de 20.000; los del ELN, de 2.000 a 4.500, y los paramilitares quintuplicaron su fuerza, de 1.800 a más de 10.000 terroristas. En ese tiempo, alrededor de 7.000 niños fueron reclutados por estos grupos terroristas.
Entre los oficiales destituidos gracias a HRW y a la presión del Departamento de Estado estaba el general Harold Bedoya, comandante de las Fuerzas Armadas, que se vio obligado a retirarse en 1997. Un informe de 1998 de HRW titulado "
All-Out War: Colombia and International Humanitarian Law" (Guerra Sin Cuartel: Colombia y el derecho internacional humanitario) afirma: "En 1997, el gobierno de Colombia obligó al retiro del general Harold Bedoya, cuya hostilidad hacia los derechos humanos y cuya relación a lo largo de toda su carrera con el dramático aumento de las operaciones conjuntas entre el Ejército y los paramilitares son bien conocidos".
De hecho, nunca hubo pruebas creíbles de que el general Bedoya tuviera vínculos con paramilitares. Como sucede con la mayoría de la información que publica HRW y divulgan sus socios de los medios de comunicación, las acusaciones no fueron fundamentadas. Según
la ONG Monitor, las publicaciones de HRW "reflejan la ausencia de estándares profesionales, metodologías de investigación y conocimientos militares y legales”
Entonces, ¿dónde obtuvieron esta información? Mientras que los informes de HRW no identifican a las organizaciones que proporcionan la información en sus agradecimientos, alegando razones de seguridad, una revisión del contenido de sus informes sugiere quiénes podrían ser, entre ellos: la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la Corporación Colectiva de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR). Curiosamente, todas estas ONG son apoyadas por las Brigadas Internacionales de Paz, que reciben fondos directamente de la Open Society de Soros.
Después de su retirada forzada, el general Bedoya, se lanzó a la campaña presidencial para las elecciones de 1998. Sus plataformas consistían en oponerse a las políticas de apaciguamiento del gobierno de Samper y combatir directamente el narcoterrorismo. En los meses previos a la elección, tres oficinas de campaña de Bedoya fueron bombardeadas y en mayo, asesinaron al asesor de campaña de Bedoya, el ex ministro Fernando Landazábal. A pesar de haber sido derrotado en las elecciones, el general Bedoya continuó sus esfuerzos para combatir la propaganda pro-FARC patrocinada por Soros en los Estados Unidos, incluyendo compromisos de discurso en el Instituto Schiller y el Club Nacional de Prensa.
Bedoya se encontró, en todo momento, con intensas campañas de difamación tanto en Estados Unidos como en Colombia. En los Estados Unidos, grupos pro-FARC se abalanzaron sobre el uso de la palabra
patria en español, que tradujeron como "patria" (en lugar del "país" más apropiado) para hacer comparaciones con Hitler. A partir de ahí, los medios de comunicación de los Estados Unidos y las ONG comenzaron a describir al general Bedoya como fascista. En 1999, por ejemplo, un correo electrónico del
Colombian Labor Monitor, una ONG cuya financiación se desconoce, declaró: "El fascista colombiano general Bedoya hablará en el Club Nacional de Prensa”. El Equipo Nizcor y Derechos Human Rights, miembros del
GILC, financiado por Soros, incluyeron al general Bedoya en una lista de "notorios graduados colombianos de la Escuela de las Américas" y lo
acusaron de organizar escuadrones de la muerte, acusaciones extraídas directamente de los informes de HRW y de los
comunicados de las FARC.
Las acusaciones tuvieron eco en Colombia. Refiriéndose al general Bedoya en un artículo de febrero de 1998 en
El Tiempo, Iván Duque, ahora senador por el Centro Democrático (CD), escribió: "Falta seriedad y es desagradable escuchar esa narración fascista a finales del siglo XX". Esto no sorprende. En un escrito publicado en abril de 2010 en Portafolio y titulado "
Lecciones de Soros", Duque escribió acerca de la "riqueza intelectual" de Soros y promovió sus ideas. Ya sea por ignorancia o intencionadamente, Duque no hizo mención alguna al papel que Soros había desempeñado en la política colombiana en los últimos quince años.
Lo cual nos trae al presente. Los “acuerdos de paz” ratificados el año pasado los comenzó Santos –cuyos nexos con Soros están ampliamente documentados¬– y han contado con el respaldo de una intensa campaña de propaganda patrocinada por Soros en el país y en el exterior.
Específicamente, el cabildeo a favor de Santos en Estados Unidos lo llevó a cabo en primer lugar Diálogo Interamericano, entidad cuya relación con Soros se explicó en detalle arriba, y el
Atlantic Council, otro
think tank que incluye a la Open Society en la lista de sus financiadores. La administración Obama prestó un claro respaldo a las negociaciones y devolvió al escenario a los actores clave relacionados con Soros en los años noventa para ayudar a consolidar el acuerdo: Harold Koh, que una vez formó parte del consejo de administración de HRW, fue nombrado consejero jurídico del Departamento de Estado en 2009; Y Bernard Aronson fue nombrado enviado especial para las negociaciones en 2015. El dudoso papel de Aronson en las negociaciones fue el tema de mi
artículo de abril de 2016: "Bernard Aronson: El conflicto de intereses de 'Nuestro Hombre en La Habana'”.
La cobertura periodística de las negociaciones de paz en los Estados Unidos fue predominantemente pro-Santos-FARC, lo que implícitamente significó pro-Cuba, ya que las FARC han sido patrocinadas y entrenadas por Cuba y Cuba fue promotora y anfitriona del acuerdo. Esa cobertura en Estados Unidos la lideraba, de nuevo, el
Washington Post de Soros, a través de las muchas columnas del periodista
Nick Miroff. Su sesgo quedó resumido en un espantoso tuit del 6 de enero de 2017. En respuesta a las fotografías de los verificadores de las Naciones Unidas que bailan con las niñas de las FARC –cuya presencia entre las FARC constituye un crimen de guerra– escribió: "Por el bien de la paz en Colombia, alguien debería quitar todas las cámaras de celular en El Conejo". El problema, para Miroff, no era que los observadores de la ONU estuvieran bailando con las víctimas de reclutamiento infantil, sino que se tomaron fotos de ello.
El caso es que Miroff no es imparcial en absoluto. Su esposa es Camila Piñeiro, hija del notorio oficial cubano de inteligencia Manuel Piñeiro. Piñeiro fue el jefe de la DGLN del régimen de Castro, encargado de organizar y apoyar a las guerrillas en las Américas, entre ellas las FARC. Camila Piñeiro trabaja para el Centro de Estudios de la Economía Cubana patrocinado por el Estado cubano en la Universidad de La Habana.
En Colombia, muchas ONG que promueven y ayudan a orquestar el acuerdo entre Santos y las FARC, y que se encargan de las campañas de difamación contra sus oponentes, han sido financiadas por la Open Society. Entre ellas:
La Corporación Nuevo Arcoíris
incluye a la Open Society entre sus benefactores. Creada por el terrorista amnistiado del ELN León Valencia, el
think tank hace propaganda del acuerdo Santos-FARC. Además, Soros está vinculado a Valencia y lo promueve a través de diversos proyectos. En 2015, por ejemplo, Alerta Democrática –una organización fundada por la Open Society Foundation–, la Fundación Avina patrocinada por Soros y la Fundación Ford realizaron una labor de ocho meses para "Mapear el futuro de la democracia en América Latina". A Colombia la representaba
León Valencia, nombrado Director Ejecutivo de su otra ONG, La Fundación Paz y Reconciliación.
DeJusticia, otra entidad financiada por las Open Society Foundations tiene por líder a Rodrigo Uprimny, el cual es un actor clave en la elaboración del acuerdo de paz y el silenciamiento de cualquier oposición al gobierno. Uprimny, uno de los "arquitectos" del sistema de justicia transitorio del acuerdo Santos-Farc, ayudó a diseñar el sistema que provee impunidad a los terroristas de las FARC. También fue el patrocinador de una denuncia ante un alto tribunal que impugnó el puesto del entonces procurador general Alejandro Ordóñez, el cual dirigió la única entidad gubernamental que se opuso al acuerdo Santos-FARC. Como resultado de la demanda de Uprimny, Ordóñez fue
destituido por el Consejo de Estado.
Uprimny también lleva un blog en otra entidad patrocinada por Soros,
La Silla Vacía, un portal de noticias que se define como "independiente" y fue creado por Juanita León
miembro de la Open Society. Catalina Botero, también miembro de DeJusticia ha sido ponente en eventos patrocinados por la Open Society.
DeJusticia también aboga para la despenalización y legalización de las drogas, una iniciativa clave de Soros, que promueven muchas ONG financiadas por él, entre ellas The Drug Policy Alliance, de cuyo consejo de administración forma parte el propio Soros. En abril de 2016, El Tiempo publicó un artículo titulado "Varias ONG anuncian su apoyo a la posición del gobierno en materia de drogas". Los grupos argumentan que las drogas deben ser tratadas como un problema de salud pública y no como una cuestión penal. Algunas de las entidades mencionadas fueron DeJusticia, y Cesed (un grupo de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes), ambas financiadas por Soros, y la Open Society Foundation.
Lo que da forma al relato de la historia del narcoterrorismo en Colombia, al que todas las organizaciones mencionadas y otras aluden como “el conflicto” es el proyecto Verdad Abierta, de la Open Society Foundation. La editora jefe de esta revista en línea es María Teresa Ronderos, directora del Programa de Periodismo Independiente de la Open Society Foundation.
Antes de eso, Ronderos trabajó en
Semana, una revista copiosamente financiada con recursos públicos que promueve la agenda Santos-FARC y toma parte en el proyecto Verdad Abierta.
En aras de acallar la oposición al acuerdo de paz, la Open Society Foundation también ha financiado Colombia Check, un portal en línea que pretende exponer "noticias falsas". El sitio intenta "desacreditar" las noticias negativas sobre el gobierno de Santos y el acuerdo de paz, y a menudo ataca a sus oponentes, incluyendo al ex presidente Álvaro Uribe, al destituido procurador general Alejandro Ordóñez, e incluso a esta periodista, específicamente un
artículo que escribí en 2016 titulado "¿Paz a cambio de petróleo?”
Con las organizaciones patrocinadas por Soros –
think tanks estadounidenses y colombianos, medios informativos y ONG– y los funcionarios del Departamento de Estado alineados con los mercachifles de la paz de Santos y las FARC, parecía un milagro que los promotores de la votación contra el acuerdo obtuvieran una victoria el 2 de octubre. No importaba. El resultado del plebiscito fue retirado sin una palabra de las organizaciones y filiales de la "construcción de la democracia" de Soros.
El promotor más visible del voto por el No fue el Centro Democrático (CD) del ex presidente Uribe. Por eso es preocupante que Iván Duque, que en 1998 tomó parte en la campaña de difamación contra el general Bedoya y respalda las ideas de Soros, sea uno de los principales precandidatos de ese partido para las elecciones de 2018. No cabe dudar de la relación de Duque con Soros y sus ideas. Según su biografía, fue, en algún momento, ganador de una beca del National Democratic Institute (NDI), una organización financiada por Soros. Como empleado del Banco Interamericano de Desarrollo, elaboró junto con Felipe Buitrago un documento llamado “La economía naranja”.
En 2013, Buitrago promovió la “economía naranja” en el
seminario global de Salzburgo, una organización patrocinada por la Open Society. -
Obviamente es posible que las opiniones del senador hayan cambiado. Le escribí a él y al jefe del CD, dando a Duque la oportunidad de aclarar el contexto de sus artículos de 1998 y 2010 y describir la naturaleza de la beca del NDI. También pedí una copia de su tesis de la Universidad, que explicó en una
entrevista con la Universidad Sergio Arboleda fue sobre el tema de los "derechos humanos". Dado el momento en que podría haber escrito su tesis, sería interesante para el público saber si la información en que se basó provenía de organizaciones financiadas por Soros y si se hizo eco de su propaganda. Pero el senador nunca respondió. De hecho, el propio Duque no ha respondido directamente a ninguna de las críticas recientes sobre sus posiciones y posibles vínculos con Soros, aparte de quejarse de una "guerra sucia" que se libra contra él.
Sus partidarios, sin embargo, no han permanecido callados sino que han publicado numerosos escritos sobre el asunto. Curiosamente, aparte de sus organizadores de campañas, la defensa más ferviente no ha venido de sus compañeros de partido, sino de León Valencia, Rodrigo Uprimny, La Silla Vacía y la revista Semana, todos los principales propagandistas de Soros en Colombia.
Es importante que el senador Duque preste atención a estas inquietudes. El escrito autopromocional de Soros en El Espectador sugiere que todas sus fichas están en su lugar y está listo para salir de las sombras, desde donde ha hecho tanto daño a Colombia durante más de veinte años. Una medida tan audaz sugiere que confía en que los resultados de las elecciones presidenciales de 2018 serán favorables a su agenda. Con el CD ganando el último voto popular –el plebiscito– y con un rechazo de alrededor del 80 por ciento de la población a los puntos principales del acuerdo con las FARC, uno se pregunta cómo puede estar tan seguro. ¿Podría ser que las elecciones de Colombia de 2018 se conviertan en una repetición de 2010, un concurso ganador-ganador entre dos candidatos de Soros?
(Publicado en Periodismo Sin Fronteras en enero de 2017.)
