Cómo usó Soros el dinero de Usaid para consolidar su poder en Colombia
Por Lia Fowler
En una reciente misiva enviada al Secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, seis senadores de ese país
exigieron una investigación que permitiera determinar si la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) promovía
en el exterior las políticas de izquierda de las Open Society Foundations.
Los funcionarios de carrera del Departamento de Estado respondieron con
evasivas a los senadores, pero si Tillerson quiere encontrar
más información no tiene más que ver el caso de Colombia. La nación sudamericana ofrece muchas
pruebas de que los dólares de los contribuyentes estadounidenses se usan para,
en efecto, promover la agenda del
multimillonario George Soros bajo la bandera de la “paz”.
En noviembre de 2016, el presidente colombiano Juan Manuel Santos firmó un “acuerdo de paz” con
el grupo narcoterrorista FARC, de
ideología marxista. A pesar de que previamente los
ciudadanos colombianos habían rechazado el acuerdo en un plebiscito, Santos y
el Congreso –controlado por su partido– hallaron un vacío legal que les
permitió ratificar el referendo, por encima de lo establecido por la
Constitución.
El efecto de ello es que, ahora, Santos virtualmente gobierna el país por
decreto presidencial, respondiendo solamente ante una Comisión de Seguimiento (en rigor, una junta compuesta por
tres terroristas, tres amigotes de Santos, y unos pocos observadores). La separación de poderes ha sido abolida, y un nuevo
tribunal de paz –conocido como “Jurisdicción Especial para la Paz”– ha
reemplazado a los tribunales del país. Este acto, cuyo sentido es burlar la
Constitución de Colombia, fue
respaldada por numerosos intereses extranjeros, incluyendo a los países
escandinavos y al
Comité Noruego del Nobel, que le concedió el premio a Santos.
La Administración Obama también
prestó su apoyo –en parte, por intermedio de USAID– así como las ONG vinculadas
a George Soros, que ayudan a blanquear la imagen, las atrocidades y los billones del cártel de
cocaína más importante del planeta. El pasado mes le pregunté a
un funcionario de USAID si la agencia estadounidense y las Open Society
Foundations habían operado en conjunto en Colombia. El funcionario replicó: “USAID no está financiando actividad alguna relacionada con las
Open Society en Colombia, ni directamente ni a través de mecanismos existentes
o pasados”.
Pero, basta mirar bajo la superficie de las actividades de USAID en Colombia, se
puede acceder a un relato bastante diferente. Por ejemplo, Verdad Abierta,
un portal de Internet creado por María Teresa Ronderos, directora del Programa de las Open
Society Foundations sobre Periodismo Independiente, presume de recibir fondos
de USAID. Verdad Abierta ha ayudado a reescribir la historia de Colombia, dando
a los terroristas la misma legitimidad que la policía y las Fuerzas Armadas, y convirtiendo
décadas de masacres, secuestros, reclutamiento infantil y tráfico de drogas por
parte de una banda criminal en “50 años de conflicto armado”.
Fundación Ideas para la Paz, órgano otrora liderado por el
negociador Sergio Jaramillo, actual miembro de la «Comisión de Seguimiento», es financiada por las Open Society
Foundations, y ha recibido más de $200 mil dólares del erario estadounidense. El portal de
noticias de izquierda La Silla Vacía, otra iniciativa de las Open Society, también presume
de recibir subsidios de USAID. Su columnista, Rodrigo Uprimny, cuya ONG DeJusticia también se ha asociado a USAID y a Open
Sociey, es considerado uno de los arquitectos del acuerdo de paz.
El antiguo terrorista del Ejército de Liberación Nacional León Valencia—colaborador y receptor de subsidios de parte de las
Open Society—ha recibido al menos un millón de dólares de USAID para sus ONG Corporación Nuevo Arco Iris y Paz y Reconciliación,
y para el portal de noticias de izquierda Las Dos Orillas,
que cofundó.
Y la lista continúa. He escrito un artículo separado sobre el largo historial de
colaboración entre las ONG financiadas por Soros y el Departamento de Estado de
los EE.UU. en la tarea de minar las instituciones colombianas, sobre todo
mediante las campañas de Human Rights Watch.
Mientras los
terroristas obtienen curules en el congreso e impunidad, quienes los
combatieron o bien confesarán delitos que no cometieron o bien terminarán en
prisión. Todo ello es un éxito rotundo de Soros: de los cinco
comisionados elegidos para seleccionar a los jueces del nuevo tribunal de paz,
tres son figuras clave de la red de Soros.
Diego García-Sayán es presidente del Programa para
Políticas de Drogas de las Open Society Foundations; Juan E. Méndez es un
veterano de quince años en Human Rights Watch –entidad financiada por Soros–; y Álvaro Gil-Robles ha colaborado con las Open Society Foundations en la
cuestión de los derechos de los gitanos, lo que llevó a la creación del European Roma Rights Center, iniciativa conjunta de las Open
Society Foundations y el Consejo de Europa.
Formulé a USAID preguntas complementarias relativas a todo lo explicado en
renglones anteriores. La oficina de prensa declinó contestar a ninguna de
ellas, pero un vocero corrigió la respuesta original: “USAID no está financiando
actividades a través de Open Society en Colombia”. La comprensión
total del amplio alcance de la colaboración entre USAID y las Open Society Foundations
exige una investigación gubernamental en los Estados Unidos de América. El papel de USAID en grandes contratos con organizaciones
no siempre es transparente.
Tómese el caso de Chemonics. Este contratista de USAID
recibió más de US$ 20 millones sólo en 2015. Parte de ese monto
–USAID declinó informar cuánto– sirvió para formalizar las relaciones entre
mineros ilegales en Segovia, Antioquia, y Gran Colombia Gold, poseedor de la
concesión.
Mientras que la sostenibilidad y los beneficios ambientales del proyecto no
están claros (la ilegalidad en Segovia se ha intensificado), la firma ciertamente se benefició de que una
fuerza laboral entrenada no le robara su oro –al menos de momento–, a cuenta de
los contribuyentes estadounidenses. Un accionista principal de Gran Colombia
Gold, precisamente, es Frank Giustra, administrador del International Crisis Group (entidad financiada por Soros), junto
con Soros en persona.
Así las cosas, los seis senadores tienen razones para exigir una explicación
completa sobre los programas de USAID, y derecho a hacerlo. Que comiencen por
Colombia, país en donde la asistencia financiera estadounidense debiera
coincidir con el propósito de mantener y fortalecer los beneficios del Plan Colombia.
(Publicado en Periodismo Sin Fronteras en abril de 2017.)
(Publicado en Periodismo Sin Fronteras en abril de 2017.)
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