El caso Simón Trinidad. ¿Estará Obama de parte del terrorista o de las víctimas?

 Por Lia Fowler 

En abril de 2016, el grupo narcoterrorista FARC envió un mensaje a la administración Obama. La banda, que estaba concluyendo el acuerdo de “paz” con el gobierno colombiano, no se desarmaría sin que los Estados Unidos liberaran al secuestrador convicto Simón Trinidad, preso en Estados Unidos. En aquel momento parecía una demanda ridícula de los terroristas, pero hay hechos recientes que hacen pensar que la organización de tráfico de drogas más poderosa del mundo podría, de hecho, subvertir el sistema judicial estadounidense y asegurar la liberación de Trinidad gracias a la ayuda del presidente saliente Barack Obama y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Para colmo, un ultraje añadido al agravio que sufren las víctimas estadounidenses de las FARC: el cabildeo por su liberación se financia con dinero del contribuyente de ese país.

Simón Trinidad es el alias de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, un comandante de frente de las FARC que cumple una condena de sesenta años por su participación en el secuestro de tres contratistas estadounidenses en 2003. Thomas Janis, un condecorado oficial del ejército estadounidense y veterano de Vietnam, pilotaba una misión de vigilancia aérea del tráfico de drogas con otros tres contratistas estadounidenses y el sargento del ejército colombiano Luis Alcides Cruz cuando sufrieron un aterrizaje forzoso en la selva. Los terroristas de las FARC encontraron los restos, mataron a Thomas Janis y al sargento Cruz y secuestraron a Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, que estuvieron cautivos durante cinco años y fueron rescatados en una operación que llevaron a cabo militares colombianos.

Las FARC han pedido la liberación de Simón Trinidad durante varios años, pero el primer indicio de que dicho trámite se estaba llevando a efecto en Estados Unidos llegó el pasado 8 de diciembre, cuando los senadores Marco Rubio y Lindsay Graham le escribieron una carta a Obama señalando que tenían conocimiento de que el gobierno colombiano había solicitado dicha liberación. Los senadores alegaron que tal medida enviaría un mensaje equivocado a las FARC, socavaría el sistema judicial estadounidense y pondría en peligro la asignación de 450 millones de dólares del erario estadounidense para la ejecución de los acuerdos de paz. Esta última afirmación ganó algo de fuerza esta semana, ya que el senador Rubio anunció que no sólo permanecerá en la Comisión de Relaciones Exteriores, sino que también servirá en el Comité de Asignaciones, que controla el gasto.

La oficina del senador Rubio confirmó que no ha recibido ninguna respuesta de la Casa Blanca. Pero el sábado 10 de diciembre, los medios de comunicación colombianos informaron que el presidente Santos negó haber hecho tal solicitud. Curiosamente, ese mismo día recibí una respuesta de la Pardon Attorney’s Office (entidad que se encarga de los indultos) a una petición basada en la Ley de Libertad de Información que yo había presentado ocho meses antes, en abril, solicitando todos los documentos relacionados con cualquier demanda de clemencia ejecutiva para Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, también conocido como Simón Trinidad. La respuesta de dicha oficina fue: No existen tales documentos. Parecía una confirmación oportuna de la negación de Santos, aunque una respuesta terriblemente tardía a mi consulta.

Pero el asunto volvió a emerger el 27 de diciembre, cuando Óscar Silva, abogado de Trinidad, declaró en una entrevista radial con Radio Santafé que un perdón presidencial estadounidense para su cliente estaba en trámite. Luego, el 1 de enero de 2017, Ariel Ávila, funcionario de la Fundación para la Paz y la Reconciliación (Pares) en Colombia y contratista del gobierno colombiano, declaró en una columna de Semana, un medio financiado por el Estado, y en una posterior entrevista radial con Caracol que el Gobierno colombiano había solicitado efectivamente la liberación de Simón Trinidad y que era muy posible que Estados Unidos la concediera. Ávila declaró que Trinidad sería liberado porque su condena en Estados Unidos era injusta: "... fue condenado por secuestro, y no fue así". Según Ávila, fue "una captura".

Marc Gonsalves, una de las víctimas del crimen, estaría en desacuerdo. En una comunicación escrita dirigida a mí esta semana, Gonsalves declaró: "Mi cautiverio es un acto de terrorismo cometido por un grupo que hizo del secuestro una industria". Habiendo pasado cinco años encadenado y en jaulas de alambre de púas bajo constante amenaza de ejecución, Gonsalves sabe de qué habla. A él, a Stansell y a Howes los secuestraron. A Thomas Janis y al sargento Cruz los asesinaron. No hay eufemismo para eso.

También a Frank Pescatore, un geólogo estadounidense y padre de cuatro hijos, lo secuestró y asesinó un frente de las FARC dirigido por Simón Trinidad en diciembre de 1996. Según una investigación realizada por la Fiscalía colombiana, que incluía testimonios de al menos cinco personas que tomaron parte en el crimen, a Pescatore lo asesinaron las FARC por haber intentado escapar. Según el relato de los testigos, los terroristas, bajo el mando de Trinidad, pidieron a un médico que retirara los órganos de Pescatore, llenara su cuerpo de piedra caliza y formaldehído y usara maquillaje para que pareciera que aún estaba vivo para la "prueba de vida" (fotos necesarias para asegurar el pago del rescate). Su cuerpo fue finalmente encontrado abandonado en una granja en febrero de 1997. Trinidad no ha respondido por este secuestro y asesinato. Si obtiene el perdón presidencial y es repatriado a Colombia, probablemente nunca lo hará.

Sin embargo, no debe sorprender que Ávila tratara de definir lo que el mundo civilizado conoce como un secuestro como algo más benigno. Después de todo, la fundación Pares fue creada en 2013 por el ex terrorista León Valencia, amnistiado en 1994. Valencia era un miembro de alto rango del grupo terrorista ELN, que se financió principalmente a través del secuestro y la extorsión. Hay testigos que formaron parte de esa banda que aseguran que Valencia estaba directamente a cargo de planear secuestros y asegurar que los frentes del ELN que estaban bajo su control cumplieran con sus cuotas financieras. No ha cumplido un solo día de cárcel.

Valencia y sus ONG, entre las que se cuenta Pares, han estado entre los principales propagandistas del "acuerdo de paz" entre el gobierno colombiano y las FARC, un acuerdo que provee impunidad y elegibilidad política para los terroristas. Ha sido un esfuerzo financieramente gratificante. Pares ha recibido muchos millones de pesos en contratos del gobierno colombiano y respaldo financiero de los gobiernos de Noruega y Alemania, así como de otras entidades.

Pero lo que debería conmocionar a las víctimas estadounidenses tanto de las FARC como del ELN, y a todos los estadounidenses, es que Pares también se financia con dinero de los contribuyentes estadounidenses, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Según la web de la USAID, el financiamiento proporcionado a Pares se proporciona para "coordinar la supervisión electoral, generar cobertura mediática, producir investigación y promover la transparencia del proceso electoral en Colombia". Sin embargo, la web de la fundación no menciona ningún trabajo relacionado con procesos electorales.

Es explicable que un portavoz de Pares, entidad creada por un terrorista que ayudó a alimentar la industria del secuestro en Colombia, presione para obtener la liberación de un compañero terrorista y secuestrador. Lo inconcebible es que a quienes promueven este falso relato los financie el gobierno de los Estados Unidos. Desde la declaración de Ávila, el gobierno de Santos ha negado nuevamente la búsqueda de la liberación de Trinidad. Por lo tanto, en última instancia, será Obama quien decida si valida la retórica de Ávila. En las próximas dos semanas quedará claro si el presidente estadounidense está de parte de las víctimas del terror o de quienes lo perpetran.

(Publicado en Periodismo Sin Fronteras en enero de 2017.)