Cómo usó Soros el dinero de Usaid para consolidar su poder en Colombia

Por Lia Fowler

En una reciente misiva enviada al Secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, seis senadores de ese país exigieron una investigación que permitiera determinar si la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) promovía en el exterior las políticas de izquierda de las Open Society Foundations.

Los funcionarios de carrera del Departamento de Estado respondieron con evasivas a los senadores, pero si Tillerson quiere encontrar más información no tiene más que ver el caso de Colombia. La nación sudamericana ofrece muchas pruebas de que los dólares de los contribuyentes estadounidenses se usan para, en efecto, promover la agenda del multimillonario George Soros bajo la bandera de la “paz”. 

En noviembre de 2016, el presidente colombiano Juan Manuel Santos firmó un “acuerdo de paz” con el grupo narcoterrorista FARC, de ideología marxista. A pesar de que previamente los ciudadanos colombianos habían rechazado el acuerdo en un plebiscito, Santos y el Congreso –controlado por su partido– hallaron un vacío legal que les permitió ratificar el referendo, por encima de lo establecido por la Constitución. 

El efecto de ello es que, ahora, Santos virtualmente gobierna el país por decreto presidencial, respondiendo solamente ante una Comisión de Seguimiento (en rigor, una junta compuesta por tres terroristas, tres amigotes de Santos, y unos pocos observadores). La separación de poderes ha sido abolida, y un nuevo tribunal de paz –conocido como “Jurisdicción Especial para la Paz”– ha reemplazado a los tribunales del país. Este acto, cuyo sentido es burlar la Constitución de Colombia, fue respaldada por numerosos intereses extranjeros, incluyendo a los países escandinavos y al Comité Noruego del Nobel, que le concedió el premio a Santos.

La Administración Obama también prestó su apoyo –en parte, por intermedio de USAID– así como las ONG vinculadas a George Soros, que ayudan a blanquear la imagen, las atrocidades y los billones del cártel de cocaína más importante del planeta. El pasado mes le pregunté a un funcionario de USAID si la agencia estadounidense y las Open Society Foundations habían operado en conjunto en Colombia. El funcionario replicó: “USAID no está financiando actividad alguna relacionada con las Open Society en Colombia, ni directamente ni a través de mecanismos existentes o pasados”.

Pero, basta mirar bajo la superficie de las actividades de USAID en Colombia, se puede acceder a un relato bastante diferente. Por ejemplo, Verdad Abierta, un portal de Internet creado por María Teresa Ronderos, directora del Programa de las Open Society Foundations sobre Periodismo Independiente, presume de recibir fondos de USAID. Verdad Abierta ha ayudado a reescribir la historia de Colombia, dando a los terroristas la misma legitimidad que la policía y las Fuerzas Armadas, y convirtiendo décadas de masacres, secuestros, reclutamiento infantil y tráfico de drogas por parte de una banda criminal en “50 años de conflicto armado”.

Fundación Ideas para la Paz, órgano otrora liderado por el negociador Sergio Jaramillo, actual miembro de la «Comisión de Seguimiento», es financiada por las Open Society Foundations, y ha recibido más de $200 mil dólares del erario estadounidense. El portal de noticias de izquierda La Silla Vacía, otra iniciativa de las Open Society, también presume de recibir subsidios de USAID. Su columnista, Rodrigo Uprimny, cuya ONG DeJusticia también se ha asociado a USAID y a Open Sociey, es considerado uno de los arquitectos del acuerdo de paz.

El antiguo terrorista del Ejército de Liberación Nacional León Valencia—colaborador y receptor de subsidios de parte de las Open Society—ha recibido al menos un millón de dólares de USAID para sus ONG Corporación Nuevo Arco Iris y Paz y Reconciliación, y para el portal de noticias de izquierda Las Dos Orillas, que cofundó.

Y la lista continúa. He escrito un artículo separado sobre el largo historial de colaboración entre las ONG financiadas por Soros y el Departamento de Estado de los EE.UU. en la tarea de minar las instituciones colombianas, sobre todo mediante las campañas de Human Rights Watch.

Mientras los terroristas obtienen curules en el congreso e impunidad, quienes los combatieron o bien confesarán delitos que no cometieron o bien terminarán en prisión. Todo ello es un éxito rotundo de Soros: de los cinco comisionados elegidos para seleccionar a los jueces del nuevo tribunal de paz, tres son figuras clave de la red de Soros.

Diego García-Sayán es presidente del Programa para Políticas de Drogas de las Open Society Foundations; Juan E. Méndez es un veterano de quince años en Human Rights Watch –entidad financiada por Soros–; y Álvaro Gil-Robles ha colaborado con las Open Society Foundations en la cuestión de los derechos de los gitanos, lo que llevó a la creación del European Roma Rights Center, iniciativa conjunta de las Open Society Foundations y el Consejo de Europa.

Formulé a USAID preguntas complementarias relativas a todo lo explicado en renglones anteriores. La oficina de prensa declinó contestar a ninguna de ellas, pero un vocero corrigió la respuesta original: “USAID no está financiando actividades a través de Open Society en Colombia”. La comprensión total del amplio alcance de la colaboración entre USAID y las Open Society Foundations exige una investigación gubernamental en los Estados Unidos de América. El papel de USAID en grandes contratos con organizaciones no siempre es transparente.

Tómese el caso de Chemonics. Este contratista de USAID recibió más de US$ 20 millones sólo en 2015. Parte de ese monto –USAID declinó informar cuánto– sirvió para formalizar las relaciones entre mineros ilegales en Segovia, Antioquia, y Gran Colombia Gold, poseedor de la concesión.

Mientras que la sostenibilidad y los beneficios ambientales del proyecto no están claros (la ilegalidad en Segovia se ha intensificado), la firma ciertamente se benefició de que una fuerza laboral entrenada no le robara su oro –al menos de momento–, a cuenta de los contribuyentes estadounidenses. Un accionista principal de Gran Colombia Gold, precisamente, es Frank Giustra, administrador  del International Crisis Group (entidad financiada por Soros), junto con Soros en persona.

Así las cosas, los seis senadores tienen razones para exigir una explicación completa sobre los programas de USAID, y derecho a hacerlo. Que comiencen por Colombia, país en donde la asistencia financiera estadounidense debiera coincidir con el propósito de mantener y fortalecer los beneficios del Plan Colombia.

(Publicado en Periodismo Sin Fronteras en abril de 2017.)

Tras décadas de apoyo encubierto al terrorismo, Soros se quita la mascara en Colombia

Por Lia Fowler 

El 9 de enero, El Espectador publicó un artículo, titulado "Los tiempos anormales de Trump", firmado por George Soros, el conocido administrador de fondos de riesgo de Nueva York. El multimillonario húngaro-estadounidense comienza diciendo " Debo decir quién soy y en qué creo". Parece que a través de esta pieza, escrita "especialmente para El Espectador", el fundador de las Open Society Foundations intentaba presentarse a los colombianos. Lleva unas cuantas décadas de retraso.

De hecho, Soros ha sido, al menos desde los años noventa, una persona clave en la definición de la política de EE.UU. hacia Colombia y también de la política interna del país. A través de su propia red de ONG y de las que patrocina, Soros ha emprendido un asalto de décadas a las instituciones del país con el fin de legitimar a los grupos narcoterroristas, un objetivo que está muy cerca de lograr.

El pasado mes de diciembre, el Congreso colombiano ratificó un "acuerdo de paz" entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo narcoterrorista conocido como FARC, haciendo caso omiso del hecho de que el acuerdo fue rechazado por un plebiscito nacional el 2 de octubre. El principal cartel del narcotráfico del mundo tiene garantizadas curules no elegidas en el Congreso, Santos tiene poderes por decreto y Colombia se está convirtiendo rápidamente en un narcoestado fallido. El camino para este fin fue pavimentado y financiado por George Soros, y logrado a través de un triple enfoque: el debilitamiento del Estado y sus instituciones, el bloqueo de los esfuerzos de erradicación de cultivos ilícitos y la promoción de la legalización y despenalización de las drogas.

Con el pretexto de promover los Derechos Humanos, en 1978 Soros cofundó Human Rights Watch (originalmente Helsinki Watch). No sólo aportó a la ONG cientos de millones de dólares, a través de la Open Society Foundation, sino que también se sienta en su Consejo Asesor para las Américas. En los años noventa, HRW, junto con Amnistía Internacional, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) , y las Brigadas Internacionales de Paz, todos patrocinados por la Open Society, comenzaron a definir al ejército colombiano como un violador sistemático de los derechos humanos. De hecho, durante los gobiernos de Ernesto Samper (1994-1998), acusado por los Estados Unidos de financiar su campaña presidencial con el dinero de un cartel de la droga, y Andrés Pastrana (1998-2002), los esfuerzos combinados de las ONG patrocinadas por Soros lograron desmantelar el ejército, obstaculizar sus operaciones y retirar a sus principales comandantes por medio de acusaciones falsas de abusos contra los derechos humanos.

A mediados y finales de los noventa hubo una batalla en el interior del gobierno de los Estados Unidos entre el Departamento de Estado y el Pentágono con respecto a la naturaleza de los grupos terroristas FARC y ELN. Myles Frechette, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, insistió en que no había evidencia de ningún vínculo entre estas organizaciones terroristas y el narcotráfico, aserto que las FARC reprodujeron en varias comunicaciones, incluyendo una "Carta abierta al pueblo estadounidense" de 1998. Frechette trabaja actualmente con Soros en el Consejo Asesor de HRW. El general Barry McCaffrey, asesor de la política de drogas en EE. UU., declaró en 1996 que las FARC y el ELN eran una fuerza narcoguerrillera. "La opinión del Pentágono resultó ser verdad, ya que las FARC son ahora reconocidas como el principal cartel de cocaína del mundo”.

HRW y otras ONG fundadas por Soros, dirigieron una campaña implacable contra las Fuerzas Armadas de Colombia y sus miembros. En un informe de 1996 titulado "Redes de asesinos de Colombia: la alianza militar-paramilitar y los Estados Unidos”, HRW escribió: "Con el objetivo de declarar una guerra contra las drogas, Estados Unidos ha armado, entrenado y asesorado a las Fuerzas Armadas de Colombia, a pesar de su desastroso historial en temas de derechos humanos". El informe continuó acusando al general jubilado Farouk Yanine Díaz y al general Harold Bedoya, entre otros, de confabularse con grupos paramilitares para cometer o encubrir atrocidades.

Estas acusaciones constantes fueron amplificadas por los medios de comunicación estadounidenses vinculados a Soros. El principal de ellos era The Washington Post. No es de extrañar que Len Downie, editor ejecutivo de este diario entre 1991 y 2008, y su actual vicepresidente, también sea miembro del consejo del Centro de Información Investigativa, que ha recibido más de un millón de dólares de la Open Society de Soros.

En un artículo del Washington Post de 1997 titulado "A medida que su guerra civil se intensifica, Colombia emerge como la Bosnia de Sudamérica" y firmado por Ana Carrigan y Robert O. Weiner, los autores calificaron la supuesta connivencia entre militares y narcotraficantes en una "guerra sucia" y la comparó con la limpieza étnica de Bosnia. "Los paramilitares masacran [civiles], cumpliendo el deseo de los militares de contar con un alto número de cadáveres y permitir a sus patrocinadores consolidar y expandir sus tierras", agregaron, sin proporcionar ninguna base para estas afirmaciones.

Ana Carrigan, coautora del artículo de 1997, es escritora de OpenDemocracy, una organización financiada principalmente por Open Society y Open Society Initiative for Europe. El propio Soros es columnista de OpenDemocracy. Su cobertura continua del conflicto colombiano ha mantenido una orientación pro-terrorista a lo largo de los años. También es autora del libro El Palacio de Justicia: una tragedia colombiana, en el que falsamente afirmó que fueron los militares, y no los terroristas del M-19, quienes asesinaron a la mayoría de las víctimas durante el ataque terrorista del M-19 al Palacio de Justicia en 1985. Una crítica del libro que publicó Rex A. Hudson señaló las muchas falacias de Carrigan, entre las que destaca su dependencia de fuentes anónimas y su desdén por el testimonio de sobrevivientes creíbles. El libro sigue siendo uno de los pocos relatos de la masacre del M-19 que se han publicado en lengua inglesa.

En artículo publicado en el Washington Post en mayo de 1998, Bernard Aronson, ex secretario de Estado, promovió el falso relato militar-paramilitar de HRW, escribiendo que al ayudar a los militares colombianos, Estados Unidos se arriesgó a "aliarse con fuerzas paramilitares que habían masacrado recientemente a 21 civiles, incluido un niño de cuatro años, en un remoto pueblo en territorio controlado por la guerrilla". Aronson propuso en cambio que las FARC y el ELN podrían ayudar a erradicar los campos de coca a cambio de la ayuda estadounidense y una cuota de poder en Colombia.

Aronson fue y sigue siendo miembro del think tank Diálogo Interamericano, financiado indirectamente por Soros, a través de la Fundación Avina, la cual figura en un puesto destacado entre los principales donantes de dicho think tank recibe financiación de la Open Society. Además, Michael Schifter, el director de Diálogo Interamericano, participa en el Consejo Asesor de HRW junto con Soros. Con la reciente ratificación del acuerdo entre Santos y las FARC, Aronson no sólo vio concretada su propuesta de 1998, sino que ayudó a diseñarla desde 2015 como enviado especial del presidente Obama a las conversaciones de paz que condujeron a dicho acuerdo.

En 1998, Soros completó su labor de influir en el Departamento de Estado con el nombramiento de Harold Koh como secretario de Estado adjunto para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo. En un flagrante conflicto de intereses, Koh fue también miembro del consejo de administración de HRW.

"El principal mecanismo de la campaña de difamación contra los militares colombianos es el Informe de Derechos Humanos que el Departamento de Estado presenta cada año al Congreso de los Estados Unidos", escribió Miguel Posada (mi padre), fundador del Centro de Estudios Analíticos y Verdad Colombia en un artículo de marzo de 2000 de la Asociación Interamericana de Prensa Económica. Durante muchos años, el informe del Departamento de Estado era casi una copia exacta del informe de Soros y HRW.

Los logros de Soros a través de su influencia en el Departamento de Estado incluyeron lo siguiente: El desmantelamiento de la Brigada XX de Inteligencia en 1998 (acusada por el Departamento de Estado –de acuerdo con el Washington Post– "de promover las actividades de escuadrones de la muerte"); el bloqueo de millones de dólares en la asistencia de los Estados Unidos, como se describe en los informes de HRW para todos los años pertinentes; y la destitución de cientos de oficiales.

Los resultados de esta política de apaciguamiento financiada por Soros fueron desastrosos para Colombia. Según estadísticas de la Universidad Militar Nueva Granada, entre 1990 y 2000, el número de terroristas de las FARC pasó de unos 8.000 a más de 20.000; los del ELN, de 2.000 a 4.500, y los paramilitares quintuplicaron su fuerza, de 1.800 a más de 10.000 terroristas. En ese tiempo, alrededor de 7.000 niños fueron reclutados por estos grupos terroristas.

Entre los oficiales destituidos gracias a HRW y a la presión del Departamento de Estado estaba el general Harold Bedoya, comandante de las Fuerzas Armadas, que se vio obligado a retirarse en 1997. Un informe de 1998 de HRW titulado "All-Out War: Colombia and International Humanitarian Law" (Guerra Sin Cuartel: Colombia y el derecho internacional humanitario) afirma: "En 1997, el gobierno de Colombia obligó al retiro del general Harold Bedoya, cuya hostilidad hacia los derechos humanos y cuya relación a lo largo de toda su carrera con el dramático aumento de las operaciones conjuntas entre el Ejército y los paramilitares son bien conocidos".

De hecho, nunca hubo pruebas creíbles de que el general Bedoya tuviera vínculos con paramilitares. Como sucede con la mayoría de la información que publica HRW y divulgan sus socios de los medios de comunicación, las acusaciones no fueron fundamentadas. Según la ONG Monitor, las publicaciones de HRW "reflejan la ausencia de estándares profesionales, metodologías de investigación y conocimientos militares y legales”

Entonces, ¿dónde obtuvieron esta información? Mientras que los informes de HRW no identifican a las organizaciones que proporcionan la información en sus agradecimientos, alegando razones de seguridad, una revisión del contenido de sus informes sugiere quiénes podrían ser, entre ellos: la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la Corporación Colectiva de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR). Curiosamente, todas estas ONG son apoyadas por las Brigadas Internacionales de Paz, que reciben fondos directamente de la Open Society de Soros.

Después de su retirada forzada, el general Bedoya, se lanzó a la campaña presidencial para las elecciones de 1998. Sus plataformas consistían en oponerse a las políticas de apaciguamiento del gobierno de Samper y combatir directamente el narcoterrorismo. En los meses previos a la elección, tres oficinas de campaña de Bedoya fueron bombardeadas y en mayo, asesinaron al asesor de campaña de Bedoya, el ex ministro Fernando Landazábal. A pesar de haber sido derrotado en las elecciones, el general Bedoya continuó sus esfuerzos para combatir la propaganda pro-FARC patrocinada por Soros en los Estados Unidos, incluyendo compromisos de discurso en el Instituto Schiller y el Club Nacional de Prensa.

Bedoya se encontró, en todo momento, con intensas campañas de difamación tanto en Estados Unidos como en Colombia. En los Estados Unidos, grupos pro-FARC se abalanzaron sobre el uso de la palabra patria en español, que tradujeron como "patria" (en lugar del "país" más apropiado) para hacer comparaciones con Hitler. A partir de ahí, los medios de comunicación de los Estados Unidos y las ONG comenzaron a describir al general Bedoya como fascista. En 1999, por ejemplo, un correo electrónico del Colombian Labor Monitor, una ONG cuya financiación se desconoce, declaró: "El fascista colombiano general Bedoya hablará en el Club Nacional de Prensa”. El Equipo Nizcor y Derechos Human Rights, miembros del GILC, financiado por Soros, incluyeron al general Bedoya en una lista de "notorios graduados colombianos de la Escuela de las Américas" y lo acusaron de organizar escuadrones de la muerte, acusaciones extraídas directamente de los informes de HRW y de los comunicados de las FARC.

Las acusaciones tuvieron eco en Colombia. Refiriéndose al general Bedoya en un artículo de febrero de 1998 en El Tiempo, Iván Duque, ahora senador por el Centro Democrático (CD), escribió: "Falta seriedad y es desagradable escuchar esa narración fascista a finales del siglo XX". Esto no sorprende. En un escrito publicado en abril de 2010 en Portafolio y titulado "Lecciones de Soros", Duque escribió acerca de la "riqueza intelectual" de Soros y promovió sus ideas. Ya sea por ignorancia o intencionadamente, Duque no hizo mención alguna al papel que Soros había desempeñado en la política colombiana en los últimos quince años.

Lo cual nos trae al presente. Los “acuerdos de paz” ratificados el año pasado los comenzó Santos –cuyos nexos con Soros están ampliamente documentados¬– y han contado con el respaldo de una intensa campaña de propaganda patrocinada por Soros en el país y en el exterior.

Específicamente, el cabildeo a favor de Santos en Estados Unidos lo llevó a cabo en primer lugar Diálogo Interamericano, entidad cuya relación con Soros se explicó en detalle arriba, y el Atlantic Council, otro think tank que incluye a la Open Society en la lista de sus financiadores. La administración Obama prestó un claro respaldo a las negociaciones y devolvió al escenario a los actores clave relacionados con Soros en los años noventa para ayudar a consolidar el acuerdo: Harold Koh, que una vez formó parte del consejo de administración de HRW, fue nombrado consejero jurídico del Departamento de Estado en 2009; Y Bernard Aronson fue nombrado enviado especial para las negociaciones en 2015. El dudoso papel de Aronson en las negociaciones fue el tema de mi artículo de abril de 2016: "Bernard Aronson: El conflicto de intereses de 'Nuestro Hombre en La Habana'”.

La cobertura periodística de las negociaciones de paz en los Estados Unidos fue predominantemente pro-Santos-FARC, lo que implícitamente significó pro-Cuba, ya que las FARC han sido patrocinadas y entrenadas por Cuba y Cuba fue promotora y anfitriona del acuerdo. Esa cobertura en Estados Unidos la lideraba, de nuevo, el Washington Post de Soros, a través de las muchas columnas del periodista Nick Miroff. Su sesgo quedó resumido en un espantoso tuit del 6 de enero de 2017. En respuesta a las fotografías de los verificadores de las Naciones Unidas que bailan con las niñas de las FARC –cuya presencia entre las FARC constituye un crimen de guerra– escribió: "Por el bien de la paz en Colombia, alguien debería quitar todas las cámaras de celular en El Conejo". El problema, para Miroff, no era que los observadores de la ONU estuvieran bailando con las víctimas de reclutamiento infantil, sino que se tomaron fotos de ello.

El caso es que Miroff no es imparcial en absoluto. Su esposa es Camila Piñeiro, hija del notorio oficial cubano de inteligencia Manuel Piñeiro. Piñeiro fue el jefe de la DGLN del régimen de Castro, encargado de organizar y apoyar a las guerrillas en las Américas, entre ellas las FARC. Camila Piñeiro trabaja para el Centro de Estudios de la Economía Cubana patrocinado por el Estado cubano en la Universidad de La Habana.

En Colombia, muchas ONG que promueven y ayudan a orquestar el acuerdo entre Santos y las FARC, y que se encargan de las campañas de difamación contra sus oponentes, han sido financiadas por la Open Society. Entre ellas:

La Corporación Nuevo Arcoíris incluye a la Open Society entre sus benefactores. Creada por el terrorista amnistiado del ELN León Valencia, el think tank hace propaganda del acuerdo Santos-FARC. Además, Soros está vinculado a Valencia y lo promueve a través de diversos proyectos. En 2015, por ejemplo, Alerta Democrática –una organización fundada por la Open Society Foundation–, la Fundación Avina patrocinada por Soros y la Fundación Ford realizaron una labor de ocho meses para "Mapear el futuro de la democracia en América Latina". A Colombia la representaba León Valencia, nombrado Director Ejecutivo de su otra ONG, La Fundación Paz y Reconciliación.

DeJusticia, otra entidad financiada por las Open Society Foundations tiene por líder a Rodrigo Uprimny, el cual es un actor clave en la elaboración del acuerdo de paz y el silenciamiento de cualquier oposición al gobierno. Uprimny, uno de los "arquitectos" del sistema de justicia transitorio del acuerdo Santos-Farc, ayudó a diseñar el sistema que provee impunidad a los terroristas de las FARC. También fue el patrocinador de una denuncia ante un alto tribunal que impugnó el puesto del entonces procurador general Alejandro Ordóñez, el cual dirigió la única entidad gubernamental que se opuso al acuerdo Santos-FARC. Como resultado de la demanda de Uprimny, Ordóñez fue destituido por el Consejo de Estado.

Uprimny también lleva un blog en otra entidad patrocinada por Soros, La Silla Vacía, un portal de noticias que se define como "independiente" y fue creado por Juanita León miembro de la Open Society. Catalina Botero, también miembro de DeJusticia ha sido ponente en eventos patrocinados por la Open Society. DeJusticia también aboga para la despenalización y legalización de las drogas, una iniciativa clave de Soros, que promueven muchas ONG financiadas por él, entre ellas The Drug Policy Alliance, de cuyo consejo de administración forma parte el propio Soros. En abril de 2016, El Tiempo publicó un artículo titulado "Varias ONG anuncian su apoyo a la posición del gobierno en materia de drogas". Los grupos argumentan que las drogas deben ser tratadas como un problema de salud pública y no como una cuestión penal. Algunas de las entidades mencionadas fueron DeJusticia, y Cesed (un grupo de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes), ambas financiadas por Soros, y la Open Society Foundation.

Lo que da forma al relato de la historia del narcoterrorismo en Colombia, al que todas las organizaciones mencionadas y otras aluden como “el conflicto” es el proyecto Verdad Abierta, de la Open Society Foundation. La editora jefe de esta revista en línea es María Teresa Ronderos, directora del Programa de Periodismo Independiente de la Open Society Foundation. Antes de eso, Ronderos trabajó en Semana, una revista copiosamente financiada con recursos públicos que promueve la agenda Santos-FARC y toma parte en el proyecto Verdad Abierta.

En aras de acallar la oposición al acuerdo de paz, la Open Society Foundation también ha financiado Colombia Check, un portal en línea que pretende exponer "noticias falsas". El sitio intenta "desacreditar" las noticias negativas sobre el gobierno de Santos y el acuerdo de paz, y a menudo ataca a sus oponentes, incluyendo al ex presidente Álvaro Uribe, al destituido procurador general Alejandro Ordóñez, e incluso a esta periodista, específicamente un artículo que escribí en 2016 titulado "¿Paz a cambio de petróleo?” Con las organizaciones patrocinadas por Soros –think tanks estadounidenses y colombianos, medios informativos y ONG– y los funcionarios del Departamento de Estado alineados con los mercachifles de la paz de Santos y las FARC, parecía un milagro que los promotores de la votación contra el acuerdo obtuvieran una victoria el 2 de octubre. No importaba. El resultado del plebiscito fue retirado sin una palabra de las organizaciones y filiales de la "construcción de la democracia" de Soros.

El promotor más visible del voto por el No fue el Centro Democrático (CD) del ex presidente Uribe. Por eso es preocupante que Iván Duque, que en 1998 tomó parte en la campaña de difamación contra el general Bedoya y respalda las ideas de Soros, sea uno de los principales precandidatos de ese partido para las elecciones de 2018. No cabe dudar de la relación de Duque con Soros y sus ideas. Según su biografía, fue, en algún momento, ganador de una beca del National Democratic Institute (NDI), una organización financiada por Soros. Como empleado del Banco Interamericano de Desarrollo, elaboró junto con Felipe Buitrago un documento llamado “La economía naranja”. En 2013, Buitrago promovió la “economía naranja” en el seminario global de Salzburgo, una organización patrocinada por la Open Society. -

Obviamente es posible que las opiniones del senador hayan cambiado. Le escribí a él y al jefe del CD, dando a Duque la oportunidad de aclarar el contexto de sus artículos de 1998 y 2010 y describir la naturaleza de la beca del NDI. También pedí una copia de su tesis de la Universidad, que explicó en una entrevista con la Universidad Sergio Arboleda fue sobre el tema de los "derechos humanos". Dado el momento en que podría haber escrito su tesis, sería interesante para el público saber si la información en que se basó provenía de organizaciones financiadas por Soros y si se hizo eco de su propaganda. Pero el senador nunca respondió. De hecho, el propio Duque no ha respondido directamente a ninguna de las críticas recientes sobre sus posiciones y posibles vínculos con Soros, aparte de quejarse de una "guerra sucia" que se libra contra él.

Sus partidarios, sin embargo, no han permanecido callados sino que han publicado numerosos escritos sobre el asunto. Curiosamente, aparte de sus organizadores de campañas, la defensa más ferviente no ha venido de sus compañeros de partido, sino de León Valencia, Rodrigo Uprimny, La Silla Vacía y la revista Semana, todos los principales propagandistas de Soros en Colombia.

Es importante que el senador Duque preste atención a estas inquietudes. El escrito autopromocional de Soros en El Espectador sugiere que todas sus fichas están en su lugar y está listo para salir de las sombras, desde donde ha hecho tanto daño a Colombia durante más de veinte años. Una medida tan audaz sugiere que confía en que los resultados de las elecciones presidenciales de 2018 serán favorables a su agenda. Con el CD ganando el último voto popular –el plebiscito– y con un rechazo de alrededor del 80 por ciento de la población a los puntos principales del acuerdo con las FARC, uno se pregunta cómo puede estar tan seguro. ¿Podría ser que las elecciones de Colombia de 2018 se conviertan en una repetición de 2010, un concurso ganador-ganador entre dos candidatos de Soros?

(Publicado en Periodismo Sin Fronteras en enero de 2017.)

El caso Simón Trinidad. ¿Estará Obama de parte del terrorista o de las víctimas?

 Por Lia Fowler 

En abril de 2016, el grupo narcoterrorista FARC envió un mensaje a la administración Obama. La banda, que estaba concluyendo el acuerdo de “paz” con el gobierno colombiano, no se desarmaría sin que los Estados Unidos liberaran al secuestrador convicto Simón Trinidad, preso en Estados Unidos. En aquel momento parecía una demanda ridícula de los terroristas, pero hay hechos recientes que hacen pensar que la organización de tráfico de drogas más poderosa del mundo podría, de hecho, subvertir el sistema judicial estadounidense y asegurar la liberación de Trinidad gracias a la ayuda del presidente saliente Barack Obama y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Para colmo, un ultraje añadido al agravio que sufren las víctimas estadounidenses de las FARC: el cabildeo por su liberación se financia con dinero del contribuyente de ese país.

Simón Trinidad es el alias de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, un comandante de frente de las FARC que cumple una condena de sesenta años por su participación en el secuestro de tres contratistas estadounidenses en 2003. Thomas Janis, un condecorado oficial del ejército estadounidense y veterano de Vietnam, pilotaba una misión de vigilancia aérea del tráfico de drogas con otros tres contratistas estadounidenses y el sargento del ejército colombiano Luis Alcides Cruz cuando sufrieron un aterrizaje forzoso en la selva. Los terroristas de las FARC encontraron los restos, mataron a Thomas Janis y al sargento Cruz y secuestraron a Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, que estuvieron cautivos durante cinco años y fueron rescatados en una operación que llevaron a cabo militares colombianos.

Las FARC han pedido la liberación de Simón Trinidad durante varios años, pero el primer indicio de que dicho trámite se estaba llevando a efecto en Estados Unidos llegó el pasado 8 de diciembre, cuando los senadores Marco Rubio y Lindsay Graham le escribieron una carta a Obama señalando que tenían conocimiento de que el gobierno colombiano había solicitado dicha liberación. Los senadores alegaron que tal medida enviaría un mensaje equivocado a las FARC, socavaría el sistema judicial estadounidense y pondría en peligro la asignación de 450 millones de dólares del erario estadounidense para la ejecución de los acuerdos de paz. Esta última afirmación ganó algo de fuerza esta semana, ya que el senador Rubio anunció que no sólo permanecerá en la Comisión de Relaciones Exteriores, sino que también servirá en el Comité de Asignaciones, que controla el gasto.

La oficina del senador Rubio confirmó que no ha recibido ninguna respuesta de la Casa Blanca. Pero el sábado 10 de diciembre, los medios de comunicación colombianos informaron que el presidente Santos negó haber hecho tal solicitud. Curiosamente, ese mismo día recibí una respuesta de la Pardon Attorney’s Office (entidad que se encarga de los indultos) a una petición basada en la Ley de Libertad de Información que yo había presentado ocho meses antes, en abril, solicitando todos los documentos relacionados con cualquier demanda de clemencia ejecutiva para Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, también conocido como Simón Trinidad. La respuesta de dicha oficina fue: No existen tales documentos. Parecía una confirmación oportuna de la negación de Santos, aunque una respuesta terriblemente tardía a mi consulta.

Pero el asunto volvió a emerger el 27 de diciembre, cuando Óscar Silva, abogado de Trinidad, declaró en una entrevista radial con Radio Santafé que un perdón presidencial estadounidense para su cliente estaba en trámite. Luego, el 1 de enero de 2017, Ariel Ávila, funcionario de la Fundación para la Paz y la Reconciliación (Pares) en Colombia y contratista del gobierno colombiano, declaró en una columna de Semana, un medio financiado por el Estado, y en una posterior entrevista radial con Caracol que el Gobierno colombiano había solicitado efectivamente la liberación de Simón Trinidad y que era muy posible que Estados Unidos la concediera. Ávila declaró que Trinidad sería liberado porque su condena en Estados Unidos era injusta: "... fue condenado por secuestro, y no fue así". Según Ávila, fue "una captura".

Marc Gonsalves, una de las víctimas del crimen, estaría en desacuerdo. En una comunicación escrita dirigida a mí esta semana, Gonsalves declaró: "Mi cautiverio es un acto de terrorismo cometido por un grupo que hizo del secuestro una industria". Habiendo pasado cinco años encadenado y en jaulas de alambre de púas bajo constante amenaza de ejecución, Gonsalves sabe de qué habla. A él, a Stansell y a Howes los secuestraron. A Thomas Janis y al sargento Cruz los asesinaron. No hay eufemismo para eso.

También a Frank Pescatore, un geólogo estadounidense y padre de cuatro hijos, lo secuestró y asesinó un frente de las FARC dirigido por Simón Trinidad en diciembre de 1996. Según una investigación realizada por la Fiscalía colombiana, que incluía testimonios de al menos cinco personas que tomaron parte en el crimen, a Pescatore lo asesinaron las FARC por haber intentado escapar. Según el relato de los testigos, los terroristas, bajo el mando de Trinidad, pidieron a un médico que retirara los órganos de Pescatore, llenara su cuerpo de piedra caliza y formaldehído y usara maquillaje para que pareciera que aún estaba vivo para la "prueba de vida" (fotos necesarias para asegurar el pago del rescate). Su cuerpo fue finalmente encontrado abandonado en una granja en febrero de 1997. Trinidad no ha respondido por este secuestro y asesinato. Si obtiene el perdón presidencial y es repatriado a Colombia, probablemente nunca lo hará.

Sin embargo, no debe sorprender que Ávila tratara de definir lo que el mundo civilizado conoce como un secuestro como algo más benigno. Después de todo, la fundación Pares fue creada en 2013 por el ex terrorista León Valencia, amnistiado en 1994. Valencia era un miembro de alto rango del grupo terrorista ELN, que se financió principalmente a través del secuestro y la extorsión. Hay testigos que formaron parte de esa banda que aseguran que Valencia estaba directamente a cargo de planear secuestros y asegurar que los frentes del ELN que estaban bajo su control cumplieran con sus cuotas financieras. No ha cumplido un solo día de cárcel.

Valencia y sus ONG, entre las que se cuenta Pares, han estado entre los principales propagandistas del "acuerdo de paz" entre el gobierno colombiano y las FARC, un acuerdo que provee impunidad y elegibilidad política para los terroristas. Ha sido un esfuerzo financieramente gratificante. Pares ha recibido muchos millones de pesos en contratos del gobierno colombiano y respaldo financiero de los gobiernos de Noruega y Alemania, así como de otras entidades.

Pero lo que debería conmocionar a las víctimas estadounidenses tanto de las FARC como del ELN, y a todos los estadounidenses, es que Pares también se financia con dinero de los contribuyentes estadounidenses, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Según la web de la USAID, el financiamiento proporcionado a Pares se proporciona para "coordinar la supervisión electoral, generar cobertura mediática, producir investigación y promover la transparencia del proceso electoral en Colombia". Sin embargo, la web de la fundación no menciona ningún trabajo relacionado con procesos electorales.

Es explicable que un portavoz de Pares, entidad creada por un terrorista que ayudó a alimentar la industria del secuestro en Colombia, presione para obtener la liberación de un compañero terrorista y secuestrador. Lo inconcebible es que a quienes promueven este falso relato los financie el gobierno de los Estados Unidos. Desde la declaración de Ávila, el gobierno de Santos ha negado nuevamente la búsqueda de la liberación de Trinidad. Por lo tanto, en última instancia, será Obama quien decida si valida la retórica de Ávila. En las próximas dos semanas quedará claro si el presidente estadounidense está de parte de las víctimas del terror o de quienes lo perpetran.

(Publicado en Periodismo Sin Fronteras en enero de 2017.)

Ideología en lugar de justicia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Por Lia Fowler*

No se debe dudar de que una revisión imparcial del proceso por el que Noguera fue condenado revelaría que, para obtener una condena, Buitrago introdujo a sabiendas a testigos que habían perjurado repetidamente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho de Noguera a esa revisión. La razón por la que la Comisión ha retrasado cualquier acción durante tanto tiempo podría ser tan simple como un conflicto de intereses, ya que su credibilidad se evidencia en el hecho de nombrar y defender a la "Fiscal de Hierro" como uno de los suyos.

Cuando, en 2011, condenaron a Jorge Noguera, antiguo director del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), acusado de formar parte de una conspiración criminal con grupos paramilitares, él comprendió que no encontraría justicia en el politizado sistema judicial colombiano. La condena se basa en testimonios contradictorios y no contrastados de un delincuente confeso, y sin el menor atisbo de pruebas físicas en contra de Noguera, que recibió una sentencia de 25 años de prisión y se le negó la posibilidad de apelar. De hecho, las violaciones al debido proceso en el caso Noguera podrían llenar muchos tomos. Así, Noguera desistió de buscar justicia en el sistema judicial colombiano  y se dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de reparación. Por desgracia no tuvo más suerte con dicha comisión, donde los casos parecen encontrar solución en la medida en que correspondan a la ideología de la Comisión y no siguiendo el principio de igualdad ante la ley.

El caso de Noguera ante la CIDH debería ser un juego de niños. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce que “toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas […]: h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”; un derecho que se le ha negado a Noguera. La propia CIDH ha establecido varios precedentes que respaldan este derecho, incluyendo una sentencia en 2014 contra el Gobierno de Surinam y una en 2009 contra el de Venezuela, ambas por negar a los peticionarios el derecho a apelar.

Sin embargo, la petición de Noguera, presentada el 4 de abril de 2013, aún no ha sido admitida por la Comisión, que hace de guardiana de la Corte. Dos años y ocho meses después de su presentación, en diciembre de 2015, la Comisión dio a Colombia tres meses para dar respuesta a la petición. Ocho meses después, en agosto de 2016, la Comisión estableció un nuevo plazo para la respuesta de Colombia hasta el 26 de ese mes. Noguera, privado de su libertad en una cárcel colombiana, no ha recibido ninguna respuesta oficial desde entonces.

La Comisión no respondió a las preguntas sobre la demora indebida en este caso. Pero tanto la labor de Noguera en la lucha contra la banda narcoterrorista marxista FARC —desde la cúpula de un organismo de seguridad— como el historial y los antecedentes de los miembros de la Comisión hacen pensar en un claro conflicto de intereses y un motivo ideológico para su inacción.

 A principios de 2015, la CIDH eligió a la ex fiscal colombiana Ángela María Buitrago como uno de los cinco "expertos" del Grupo Interdisciplinario Independiente de Expertos (GIEI) que se formó para brindar asistencia técnica en el caso de la desaparición de 41 estudiantes en Iguala, México. Buitrago, que también fue la principal acusadora en el caso  Noguera, siguió trabajando para la Comisión hasta abril de 2016, cuando el gobierno mexicano se negó a renovar el contrato del GIEI.

La trayectoria de Buitrago en Colombia —donde fue bautizada como "la Fiscal de Hierro" por los medios de comunicación serviles— y México deja ver una pauta de sesgo y mala conducta contra los funcionarios del Estado que investigaron o combatieron a los grupos terroristas marxistas.

Más llamativo es que en 2007 Buitrago procesara al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, acusándolo de la desaparición de once personas durante la toma del Palacio de Justicia de Colombia por el grupo terrorista marxista M-19 en 1985. A Plazas Vega lo condenaron a treinta años de cárcel con base sobre todo en un falso testimonio presentado por Buitrago en el juicio, y en la retención de pruebas de descargo por parte de la acusación. En 2015, la Corte Suprema de Justicia de Colombia lo eximió de todos los cargos y señaló las irregularidades cometidas en su procesamiento. Pasaron ocho años antes de que recuperara su libertad.

La decisión de la Corte Suprema colombiana refuerza las denuncias de funcionarios mexicanos y grupos ciudadanos, que señalan que la agenda del GIEI y de la fiscal Buitrago intentaba implicar a los militares mexicanos en la desaparición de los estudiantes utilizando información falsa o sin fundamento.

"El GIEI ha probado que no está interesado en contribuir a la búsqueda de la verdad", dice un comunicado de diciembre de 2015 de Seguridad, Justicia y Paz, una organización cívica centrada en la seguridad pública y la justicia. La organización mostró pruebas falsas aportadas por el GIEI en el caso Iguala y pidió la inmediata terminación de su contrato. El gobierno mexicano estuvo de acuerdo, ya que no extendió el contrato de "expertos", que debía renovarse en abril de este año.

A pesar de los hechos que se evidenciaron en el caso del coronel Plazas Vega sobre la introducción de pruebas falsas por parte de Buitrago en el juicio, y a pesar de las alegaciones bien sustentadas de mala conducta similar en México, la CIDH defendió firmemente a sus expertos. En un comunicado de prensa de enero de 2016, la Comisión declaró: "El conocimiento, la experiencia, la historia profesional y la integridad ética de cada uno de los miembros del GIEI son ampliamente reconocidos a nivel internacional".

No se debe dudar de que una revisión imparcial del proceso por el que Noguera fue condenado revelaría que, para obtener una condena, Buitrago introdujo a sabiendas a testigos que habían perjurado repetidamente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho de Noguera a esa revisión. La razón por la que la Comisión ha retrasado cualquier acción durante tanto tiempo podría ser tan simple como un conflicto de intereses, ya que su credibilidad se evidencia en el hecho de nombrar y defender a la "Fiscal de Hierro" como uno de los suyos.

Pero la fiscal Buitrago no es el único miembro de la Comisión que ha mostrado un sesgo similar y una trayectoria dudosa. La ideología izquierdista de la Comisión es generalizada, y se hace evidente en numerosas actuaciones que en lugar de prevenir o corregir violaciones de derechos humanos las han promovido, como en el caso del asesinato de dos líderes comunitarios afrodescendientes, caso que será el tema de la segunda parte de esta serie.

El próximo 11 de diciembre Noguera comenzará su décimo año de privación injusta de libertad. Y en abril habrá completado cuatro años en espera de una respuesta de la Comisión que podría devolvérsela.

[SEGUNDA PARTE]

2003 fue un mal año para el grupo narcoterrorista FARC. En abril, con Jorge Noguera a la cabeza del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), varios miembros de las FARC fueron arrestados por el atentado con bomba del Club El Nogal en Bogotá, que habían cometido en febrero, una atrocidad que dejó 36 muertos y más de 200 heridos. En diciembre, el DAS había hecho acopio de pruebas suficientes para implicar a los líderes de las FARC en el atentado. Ese mismo año, el DAS capturó al "zar del secuestro", un guerrillero de las FARC conocido por el alias de "Hugo", acusado de varios secuestros y asesinatos de alto perfil y más de 30 ataques terroristas. En una entrevista con El País de Cali publicada ese año, Noguera explicó que "Hugo" era un comandante clave de las FARC, que generaba alrededor de siete millones de dólares al año en rescates y extorsión para la organización.

De hecho, según las estadísticas gubernamentales, entre 2002 y 2005, bajo el liderazgo de Noguera, el DAS llevó a cabo con éxito más de 1.300 investigaciones contra bandas criminales paramilitares de izquierda y derecha, involucradas en innumerables delitos, desde el terrorismo y el narcotráfico hasta la corrupción pública. Ese afortunado récord puso a Noguera en la mira del politizado sistema de justicia de Colombia, pero a la vez parece haberlo hecho invisible para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tal como señalé en la primera parte de este trabajo, Noguera está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por participar en una presunta conspiración criminal con grupos paramilitares de derecha. Después de un juicio plagado de violaciones del debido proceso, a Noguera se le negó la posibilidad de apelar la decisión de la corte. Encarcelado hace ya nueve años, lleva casi cuatro esperando a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admita una petición que le otorgue el derecho a esa apelación.

Una revisión de su caso por un tribunal imparcial revelaría las numerosas violaciones del debido proceso perpetradas por Ángela María Buitrago, la fiscal principal en su caso y "experta" de la CIDH que esta entidad ha defendido firmemente.

Y más allá de ese evidente conflicto de intereses, la historia de la CIDH en Colombia muestra un sesgo a favor de los grupos terroristas de izquierda y sus auxiliadores. El ejemplo más emblemático es el caso de Manuel Moya y Graciano Blandón, en el que la deficiente labor de la comisión y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvieron consecuencias inmediatas y trágicas para los miembros de una de las comunidades más vulnerables de Colombia.

El 4 de febrero de 2008, Moya y Blandón, dos líderes afrodescendientes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó, comparecieron ante la Corte Interamericana en Costa Rica para denunciar la intromisión y el acoso de las FARC en el gobierno local de sus territorios autónomos, en connivencia con la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP). Ellos hicieron dos peticiones: primero, respaldados por declaraciones escritas de 231 familias que los nombraban representantes, desafiaron el autoproclamado estatus de la CIJP como representante legal de su comunidad ante la corte, explicando que el líder de esa ONG, Javier Giraldo, había usurpado ese papel para ejercer control, junto con las FARC, sobre su comunidad. Su afirmación tenía sentido. Moya y Blandón fueron los fundadores y representantes legales de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, territorios de los cuales habían sido desplazados a la fuerza por las FARC y la CIJP.

También señalaron que habían sido víctimas de acoso y amenazas reiteradas por parte de ambas organizaciones, lo que dio lugar a su segunda solicitud: habida cuenta de su vulnerabilidad, solicitaron a la corte que les otorgara medidas provisionales de protección. Tal decisión habría obligado al gobierno de Colombia a brindarles protección contra las FARC.

Pero las ruedas de la justicia internacional se movieron lentamente y sólo el 17 de noviembre de 2009 la corte emitió un dictamen: alegando información insuficiente en un informe elaborado por Víctor Abramovich de la CIDH, la corte ofreció medidas de protección para las familias a las que la CIJP pretendía representar, pero les negó el apoyo a Moya, Blandón y su comunidad, dejándolos desplazados y desprotegidos.

En la mañana del 17 de diciembre de 2009, los líderes comunitarios fueron notificados oficialmente de la decisión de la corte. Esa misma tarde, Moya, Blandón y el hijo de éste de veintidós años fueron torturados y asesinados por miembros del frente 34 de las FARC.

"La CIDH es responsable del asesinato de Moya y Blandón por parte de las FARC debido a su negligencia y a su incapacidad de ordenar medidas provisionales de protección a estos líderes afrodescendientes", declaró en una entrevista telefónica la semana pasada Jaime Arturo Restrepo, presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla Terrorista y representante legal de la organización multinacional UnoAmérica.

Restrepo tomó parte, junto con Alejandro Peña Esclusa, fundador y presidente de UnoAmérica, en la investigación independiente que llevó a cabo esta organización. Menos de un año después de los asesinatos, Peña Esclusa fue arrestado por el régimen de Hugo Chávez, conocido por encarcelar de forma arbitraria a sus opositores. Poco después, Restrepo presentó una petición a la CIDH, rechazando la detención ilegal y pidiendo medidas de protección para Peña Esclusa. Seis años después, la CIDH ni siquiera ha acusado recibo de la petición.

Pero la CIDH puede obrar con rapidez y eficacia cuando lo desea, y de hecho lo hace. En diciembre de 2013, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue destituido como resultado de una investigación de la Procuraduría General de la Nación. Petro es un terrorista amnistiado del M-19, una escisión urbana de las FARC cuyos miembros recibieron un indulto general en 1989. En tres meses, la CIDH emitió medidas cautelares de protección para proteger los derechos políticos de Petro, afirmando que el entonces alcalde afrontaba una situación “grave y urgente". Finalmente fue restituido en el cargo con base en parte en la decisión de la CIDH.

Es difícil justificar que importe más la destitución de un político que la vida de los miembros de una población vulnerable o la libertad de los encarcelados injustamente. La única conclusión lógica es que las decisiones están motivadas por la ideología de la CIDH, tan evidente en sus actuaciones como en sus flagrantes omisiones.

De modo que las familias de Moya y Blandón lloran a sus muertos mientras la CIJP y las FARC continúan victimizando a su comunidad; Peña Esclusa sigue siendo un preso político olvidado del régimen venezolano y Noguera, privado de libertad durante nueve largos años, espera que la CIDH envíe su petición a la corte para tener ocasión de limpiar su nombre.

En 1994, el Consejo de Europa abolió la Comisión Europea de Derechos Humanos alegando una "necesidad urgente de reestructurar el mecanismo de control" del sistema y de mejorar su eficiencia. Esto permitió que las peticiones fueran directamente a un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que opera de forma permanente. Es hora de que la Organización de Estados Americanos siga el ejemplo de Europa.

(Publicado en Periodismo Sin Fronteras en diciembre de 2016.)

Asilo político en Estados Unidos; ¿ha alcanzado la politizada justicia colombiana las costas estadounidenses?

Por Lia Fowler *

En la última semana, dos columnistas colombianos (Ernesto Yamhure, que vive en Miami y dirige el portal web Los Irreverentes, y Yohir Ackerman, que escribe en El Espectador) han asegurado que cuentan con información privilegiada sobre el trámite de la petición de asilo político del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y su familia en Estados Unidos. Afirman que dicha petición será denegada en los próximos días. Al publicar esta información –sólo en el caso de que sea verdad– ambos columnistas hacen patente el hecho de que algunos funcionarios estadounidenses han quebrantado las leyes de asilo del país.

El 26 de octubre, Yamhure publicó lo siguiente en la cuenta de Los Irreverentes: "ATENCIÓN. Fuente de la Fiscalía le confirmó a LOS IRREVERENTES que EE.UU. negaría petición de asilo de Andrés F Arias en los próximos días".

En una columna del 30 de octubre Ackerman escribió: “fuentes de la Fiscalía de ese país han establecido de manera confidencial que la Corte de Inmigración de la Florida negará la solicitud de asilo de Arias Leiva en los próximos días”

Ambas afirmaciones, caso de ser ciertas, hacen pensar en una grave violación del debido proceso en los trámites de inmigración de los Estados Unidos.

El tuit de Yamhure delata la revelación de información a funcionarios colombianos sobre una petición de asilo.

"Eso va contra las leyes estadounidenses –explicó Laila Hlass, profesora asociada de prácticas del Grupo de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston–. En virtud del derecho de asilo, los Estados Unidos deben abstenerse de divulgar información confidencial. No se debe compartir con otros países información relativa a las personas que piden asilo."

En lo que concierne a la afirmación de Ackerman, también es inquietante que un funcionario de la Fiscalía colombiana disponga de información relacionada con una petición de asilo afirmativo ante la Oficina de Asilo estadounidense. “En los casos de asilo afirmativo, la petición de asilo debe ser resuelta por los funcionarios de asilo del Departamento de Seguridad Nacional –explicó Hlass–. Sólo ellos tienen autoridad para tomar decisiones en estos casos”.

 Como el propio Ackerman señala en su columna, la familia Arias llegó a los Estados Unidos con una visa válida y solicitó asilo afirmativo. Por tanto, el trámite correspondería a la Oficina de Asilo del Departamento de Seguridad Nacional.

En consonancia con los principios básicos del Derecho Internacional relacionado con los Derechos Humanos, a toda persona solicitante de asilo se le debe brindar el mismo derecho a un procedimiento de asilo justo y eficiente. En el caso de Arias, en concreto, ese proceso tiene que estar libre de presiones políticas por parte del Gobierno de Colombia o de cualquier persona que obre en favor de su interés político, sobre todo teniendo en cuenta que  la solicitud se basa en el temor de persecución por parte de facciones del propio Gobierno de Colombia.

Si es verdad que Ackerman y Yamhure tienen fuentes en los gobiernos de EE.UU. y Colombia que les pasan información sobre un caso de asilo, ha habido un quebrantamiento de las leyes estadounidenses y el asunto merece una investigación de las autoridades del país. Si esas afirmaciones son infundadas, se debe extraer la conclusión de que estos intentos de intimidar o menospreciar a la familia, o de influir en la decisión de la Oficina de Asilo, refuerzan ampliamente la denuncia de Arias de sufrir persecución política por el Gobierno de Colombia.

(Publicado en Periodismo sin Fronteras en noviembre de 2016.)

El cabildeo incentivado de los "think tanks” estadounidenses sobre Colombia

Por Lia Fowler*

Durante varios años, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y su Partido Social de Unidad Nacional han estado buscando a toda costa apoyo político y financiero (por unos 450 millones de dólares) para desarrollar su “acuerdo de paz” con el grupo narcoterrorista FARC. Varios think tanks (centros de pensamiento) estadounidenses se mostraron dispuestos a promover dicha agenda e hicieron eco de forma desvergonzada a la propaganda de Santos, haciéndola pasar como análisis objetivo e investigación académica; siempre a cambio de incentivos económicos. Pero la íntima relación de estas organizaciones sin ánimo de lucro con los promotores del acuerdo entre Santos y las FARC tiene un alto costo para la comunidad a la que dicen servir –tanto en Estados Unidos como en Colombia– y puede constituir una violación de las leyes estadounidenses.

En la primera parte de esta serie se describió la labor del Atlantic Council como impulsor de la agenda de Santos a través de su senior fellow (experto de alto nivel) Miguel Silva, que casualmente era el encargado de la estrategia de comunicación de Santos. A cambio de ello, el Atlantic Council recibió jugosas donaciones del gobierno noruego y de la petrolera estatal noruega Statoil, ambos actores clave del acuerdo entre Santos y las FARC. Pero este think tank no era el único que se dedicaba a esa labor.

Diálogo Interamericano, un think tank con sede en Washington en cuya página web se proclama que es “uno de los 25 think tanks más citados en los medios estadounidenses” patrocina diversos actos con el Atlantic Council y otras entidades del mismo tipo. En junio de 2014 Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, pronunció el discurso inaugural en una discusión dirigida por Silva acerca de la carrera presidencial en Colombia. Y en febrero del mismo año ambos think tanks convocaron un conversatorio con Santos en el que, según la web de Diálogo Interamericano, el presidente colombiano promovió el acuerdo de paz y “llamó al presidente Obama a continuar prestando el apoyo estadounidense”. 

Diálogo Interamericano también ha promovido los intereses de Santos en sus publicaciones, y ha brindado acceso a políticos y medios de comunicación mediante las galas de sus premios y en actos extraoficiales. Así, en 2015 el enviado especial del gobierno estadounidense a los diálogos de La Habana entre Santos y las FARC, Bernard Aronson, obtuvo un reconocimiento especial en la gala del Premio al Liderazgo para las Américas de Diálogo Interamericano.

En octubre de 2015 este think tank recibió al entonces fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre en un encuentro extraoficial en el que, según el personal de Diálogo Interamericano, Montealegre y el think tank elaboraron de forma conjunta la lista de invitados, que no se ha dado a conocer.

En respuesta a la petición de comentarios, Diálogo Interamericano afirmó que sus miembros representan diversas posiciones y que sus donantes no influyen en su investigación ni en sus resultados. Pero es difícil descubrir ese equilibrio de puntos de vista en la promoción del acuerdo entre Santos y las FARC.

Pero los llamados expertos que determinan la posición de Diálogo Interamericano sobre Colombia no son ni académicos ni analistas. Son empresarios que contribuyen generosamente a la caja del think tank y casualmente también a las campañas electorales en que Santos es candidato, además de promover el acuerdo entre Santos y las FARC. A cambio, muchos de ellos han recibido lucrativos contratos del gobierno colombiano, lo cual hace pensar en una turbia relación basada en incentivos económicos entre el think tank, sus donantes y el gobierno de Santos.

Así, los colombianos que forman parte del consejo de liderazgo del presidente de Diálogo Interamericano son Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería –una empresa de productos lácteos– y Carlos Andrés Uribe Arango, presidente de Ladrillera Santafé. Alquería figura en uno de los primeros lugares de la lista de donantes del think tank con un aporte de más de 50.000 dólares, mientras que Ladrillera Santafé aparece contribuyendo con una suma que está entre 25.000 y 49.000 dólares. En el Informe Anual de Diálogo Interamericano correspondiente al periodo 2013-2014 ambas empresas aparecen donando entre 25.000 y 50.000 dólares.

En 2014 el portal colombiano de noticias Las2Orillas.co incluyó a Alquería y Ladrillera Santafé en la lista de los principales donantes a la campaña de Santos a la reelección, ocupando Alquería el primer puesto. Cavelier ha sido también un destacado promotor del acuerdo entre Santos y las FARC. En noviembre de 2015 fue uno de los ocho empresarios que se reunieron con los equipos negociadores del gobierno y las FARC en La Habana, ocasión en que respaldó públicamente el acuerdo. En una entrevista con el diario español El País, Cavelier promovió la negociación y puso de manifiesto su plena confianza en los miembros de las FARC.

Ladrillera Santafé también ha disfrutado de una relación lucrativa con el gobierno de Santos. Según El Tiempo, en 2015 la empresa obtuvo tres licencias para extraer arcilla concedidas por la Agencia Nacional Minera. Los derechos de excavación abarcan entre 273 y 481 hectáreas en el municipio de Cogua y triplican el terreno en que se permite practicar la minería en la zona. 

La lista de donantes de Diálogo Interamericano incluye otros actores clave en la promoción del acuerdo entre Santos y las FARC, entre los que se cuentan el Grupo Prisa, propietario de Caracol Radio, Telefónica y el BBVA. Estas tres empresas españolas colaboraron con la Fundación Buen Gobierno, entidad dirigida por el hijo del presidente, Martín Santos, en la promoción de los acuerdos entre Santos y las FARC en un foro llamado “Beneficios de la paz en Colombia” que se presentaba como ocasión de “análisis” sobre el impacto del acuerdo pero era sólo una campaña de promoción de dicho acuerdo y el propio Santos se ocupaba de ella. En el caso del Grupo Prisa, su apoyo ha tenido recompensa: Caracol Radio ha recibido millones de dólares del gobierno colombiano por publicidad orientada a promover el acuerdo entre Santos y las FARC. La lista de donantes de Diálogo Interamericano también incluye a la petrolera estatal noruega Statoil.

La labor de cabildeo del Atlantic Council y Diálogo interamericano presenta el problema de que son entidades exentas de impuestos y en un caso financiada con dólares del erario estadounidense: la lista de donantes del Atlantic Council revela una donación de entre 250.000 y un millón de dólares del Departamento de Estado. Como tales tienen vedado el cabildeo como un componente “sustancial” de sus actividades.

“La idea es que las organizaciones de beneficencia (exentas de impuestos) se crean para servir al bien común y no a intereses particulares –explica Miranda Fleischer, profesora de Derecho en la Universidad de San Diego en una entrevista telefónica que tuvo lugar esta semana–, pero las reglas son tan permisivas que a veces las actividades que cruzan esa línea se cuelan entre las rendijas.”

Si la labor de cabildeo que llevan a cabo esos think tanks sobre Colombia llega a ser “sustancial” es algo que depende de un análisis del conjunto de programas y actividades de cada think tank, pero en lo que concierne a la relación entre el Atlantic Council y Miguel Silva, la profesora Fleischman fue tajante: “No revelar la función [de Silva] parece un error ético y de relaciones públicas”, concluyó.

Más preocupante, sin embargo, es la pregunta que formula Amos Jones, profesor asociado de Derecho en la Universidad de Campbell en Carolina del Norte, en una entrevista telefónica que tuvo lugar esta semana: "¿Por qué hemos llegado a un punto en el que los llamados centros de pensamiento (think tanks) se ven arrastrados a obrar como agencias de cabildeo? En los buenos viejos tiempos, se suponía que los académicos eran objetivos y que averiguaban lo que realmente estaba pasando... Ahora no hay verdaderos estudiosos. Todo el mundo se convierte en un prosélito de una ideología, lo contrario de quien busca o dice la verdad".

Desde la perspectiva estadounidense, Silva y el Atlantic Council podrían estar contraviniendo la Foreign Agent Registración Act (FARA, Acta de Registro de Agentes Extranjeros) de 1938, que exige a cualquiera que obre como agente de mandantes extranjeros registrarse ante el gobierno estadounidense.

“Esa acta está concebida –explica Jones– para que en Estados Unidos no resultemos engañados y para saber quién mueve qué hilos y por cuánto.” Aludiendo específicamente al Atlantic Council y Miguel Silva, añadió: “Es muy posible que ahí haya una actividad que no está registrada”.

Más importante es que tanto para la comunidad estadounidense como para la colombiana, la labor de esos think tanks no contribuye de una manera positiva a los debates ni a las decisiones sobre políticas públicas.

“Si esos llamados expertos supieran realmente algo y tuvieran una teoría plausible, podrían predecir efectivamente lo que ocurrirá”, señaló Jones.

En el caso de Colombia, lo que prueba que estos think tanks sirven sobre todo como caja de resonancia de sus donantes es su incapacidad para predecir los resultados del plebiscito del 2 octubre sobre el acuerdo entre Santos y las FARC. Al contrario de lo que se creía en Estados Unidos (que el acuerdo tenía un apoyo unánime, idea que promovían dichos think tanks), los colombianos rechazaron el acuerdo y sólo un 17% del censo electoral votó a favor. En este momento la pregunta es ésta: ¿cómo le darán los think tanks la vuelta al resultado para complacer a sus donantes?

El Atlantic Council hizo caso omiso de la solicitud de comentarios. Diálogo Interamericano contestó lo mencionado arriba.

(Publicado en Periodismo Sin Fronteras en octubre de 2016.)

Colombia, Noruega y el Atlantic Council

 Por Lia Fowler

Cuando, el pasado 2 de octubre, los votantes colombianos rechazaron en un plebiscito el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo narcoterrorista FARC, los observadores estadounidenses se sorprendieron. La mayoría de los medios y de la opinión pública de este país suponían que los colombianos acogerían el acuerdo, pero cuando los colombianos finalmente tuvieron la oportunidad de decidir, sólo un 17% del censo electoral votó a favor. ¿Cómo llegó a estar tan equivocada la opinión de los estadounidenses? La respuesta está, en parte, en los think tanks  (centros de pensamiento) y su inquietante costumbre de vender influencia a naciones extranjeras.

Un ejemplo de lo anterior es el Atlantic Council, un think tank con sede en Washington que se ocupa de asuntos internacionales y que en su página web proclama que desarrolla políticas mediante sus documentos, ideas y comunidades. Disfruta de buena reputación: en 2015 ocupó el puesto 16 entre los think tanks estadounidenses en el índice del informe global sobre think tanks de la Universidad de Pensilvania.  No obstante, al menos desde 2014 buena parte de los “conocimientos” que ofrece el Council acerca de Colombia provienen del consultor político Miguel Silva, quien en 2015 comenzó a ejercer como senior fellow (experto de alto nivel) no residente del think tank. Lo preocupante es que en ese mismo periodo Silva era un importante asesor de imagen y comunicación del presidente Juan Manuel Santos, una labor que no se menciona en ninguno de los documentos del Atlantic Council.

Las actividades de Silva, en forma de discursos, informes y artículos, alcanzaron sistemáticamente dos objetivos: promover el acuerdo de Santos con las FARC y desprestigiar y atacar cualquier tipo de oposición, todo ello con base en la falsa legitimidad que le otorga su condición de senior fellow del Atlantic Council.

Así, en junio de 2014 Silva fue el principal experto en un acto promovido de forma conjunta por el Atlantic Council y Diálogo Interamericano –otro think tank con sede en Washington­– llamado “El enigma colombiano: predicciones para la carrera presidencial”. En un artículo publicado por el Atlantic Council, Silva aseguró que “… los continuos ataques del ex presidente Uribe afectaron a la capacidad de Santos de gobernar el país al distraerlo de su función”. Pero la audiencia estadounidense se engañaba si esperaba la opinión de un experto objetivo en asuntos de la región. En los documentos del acto no se reveló que Silva era, de hecho, un importante miembro del equipo que trabajaba por la reelección de Santos, encargado de elaborar el mensaje de campaña desde su concepción.

En un artículo de marzo de 2013 del portal de noticias La Silla Vacía titulado “Con un mensaje de unidad, Santos alinea su gabinete para la reelección” se describe a Silva como “el nuevo asesor ad honorem del gobierno para la comunicación estratégica”. En dicho artículo se alude a un “retiro” de un día en el que el presidente dirigió a su equipo de reelección un nuevo mensaje: “unidad dentro del gobierno […], y unidad como diferenciador frente a los opositores, que agitan y dividen”. Según el artículo, Silva dedicó la mañana a entrenar las habilidades oratorias de los miembros del gabinete.

El mensaje de “unidad” que Silva ideó para la campaña de Santos fue el mismo que empleó en sus intervenciones e informes para el Atlantic Council, y lo mismo ocurrió con la descripción de los opositores como “divisionistas”.

Cuando el jefe de propaganda de Santos elaboró el informe sobre Colombia de 2015 del Atlantic Council titulado “Hacia la paz y la prosperidad. El milagro colombiano” mantuvo el mismo mensaje. Como sugiere en el título, Silva desarrolla la idea de que los logros de Santos y las negociaciones de paz han dado lugar a un “milagro”. Aplicando la consigna previa, asegura que el “milagro” “es posible cuando se hace del consenso una prioridad nacional”. Afirma que “una mayoría de colombianos apoya el proceso de paz”, lo cual es inexacto, pero añade que “la oposición ha sembrado una desconfianza generalizada en las negociaciones”. Para hacer hincapié en el punto principal, termina señalando que la perpetuación de la división política es “una amenaza”.

El informe también descalifica a los colombianos. En sus recomendaciones, Silva les propone esto a los responsables políticos estadounidenses: “Los Estados Unidos y sus aliados no deben desentenderse ahora de esta cuestión, ni dejarla en manos de los colombianos”.

En un artículo publicado en diciembre de 2015 en el U.S. News and World Report y titulado “Respaldar el milagro colombiano” Silva, escribiendo de nuevo como miembro del Atlantic Council, promueve las negociaciones de Santos con las FARC y se atiene a la fórmula: describe el gobierno de Santos como un constructor de consensos y descalifica a la oposición como generadora de división. “El consenso que dio lugar al milagro colombiano puede colapsar hoy a causa del ambiente cada vez más polarizado y envenenado por el debate sobre la paz”, escribió.

Permitir a un encargado de la estrategia de comunicación de un gobierno extranjero promover una agenda específica mientras posa de experto e investigador de un think tank es antiético, por decir lo menos. Pero es mucho peor. Silva no sólo ayuda a formar la opinión estadounidense sobre los acuerdos entre Santos y las FARC mediante sus intervenciones e informes, sino que junto con otros colombianos, tanto funcionarios como promotores de dichos acuerdos, tiene acceso a influyentes políticos y funcionarios estadounidenses gracias al Atlantic Council.

Así, en 2015 Santos obtuvo el Global Citizen Award que otorga el Atlantic Council. Según la página web de este think tank, el ganador del premio “convocó una importante reunión de medio millar de altos líderes gubernamentales, empresariales, militares, periodísticos y de la sociedad civil de todo el mundo”. De hecho, el premio se lo entregó el vicepresidente Joe Biden.

Antes de eso, Santos y otros promotores de sus acuerdos de paz han sido huéspedes y conferenciantes en numerosos actos que organiza el Atlantic Council para favorecer dichos acuerdos y proveer acceso a importantes personajes públicos estadounidenses. Por ejemplo, en diciembre de 2013 Santos acudió a una cena extraoficial organizada por dicho organismo junto con importantes políticos entre los que se contaban el general Colin Powell, el secretario de Comercio Penny Pritzker, el representante Eliot Engel, el miembro de más alto rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y el representante Gregory Meeks, un miembro del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara. Según la página web del Atlantic Council, el tema era “el gran éxito de Colombia y su trayectoria futura”.

El relato que ofrece el Atlantic Council sobre Colombia, así como la influencia que proporciona al gobierno de Santos, se parece más a la labor de una firma de cabildeo que a la de un think tank. Ésa es una línea divisoria que esta entidad ha desdibujado antes y que fue objeto de una investigación del New York Times en 2014 titulada “Potencias extranjeras compran influencia en los think tanks”. 

Como parte de su investigación, el New York Times publicó documentos, folletos y cartas que el Atlantic Council envió al gobierno noruego y a la petrolera estatal Statoil recabando fondos y explicando lo que podrían esperar de sus donaciones. El “Council” manifiesta explícitamente que altos niveles de aportes financieros conducen a altos niveles de relación e influencia, incluyendo labores de interlocución y oportunidades de encuentros con funcionarios del gobierno.

El periódico también incluye esta cita de un informe interno encargado por el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego en 2012: “En Washington es difícil para un país pequeño obtener acceso a políticos, burócratas y expertos importantes. Financiar think tanks influyentes es una forma de obtener dicho acceso, y algunos think tanks manifiestan abiertamente que sólo pueden proveer ese servicio a gobiernos extranjeros que les proporcionen fondos”. En la lista de los think tanks que recibían recursos de Noruega en ese momento se contaba el Atlantic Council. El motivo del apoyo figuraba dentro del rubro “Paz y reconciliación”.

¿Qué tiene esto que ver con la relación de Colombia con el Atlantic Council? Los documentos del think tank revelan que las labores de interlocución y el acceso son las recompensas del apoyo financiero. Y si bien Colombia no hizo donaciones al organismo, Noruega, que también toma parte en las negociaciones de paz, sí lo hizo. Este país es uno de los dos garantes de las negociaciones de paz entre Colombia y las FARC que tienen lugar en La Habana y un nuevo actor en el mercado petrolero gracias a licencias de exploración en aguas profundas otorgadas por el gobierno colombiano a Statoil en 2014. Según la lista de donantes del Atlantic Council, en 2015 Noruega les donó entre 100.000 y 249.000 dólares, mientras que Statoil aportó entre 25.000 y 49.999. 

Si se examinan con atención las encuestas hechas en Colombia a lo largo del año, queda claro que la mayoría de los colombianos tienen objeciones a los puntos principales del acuerdo de paz: impunidad para terroristas, y elegibilidad para los responsables de décadas de atrocidades. La comparación entre la imagen exterior de Santos como “hombre de paz” y sus pésimos indicadores de favorabilidad en su país, siempre entre los más bajos de la región, sugiere una clara falta de correspondencia entre la propaganda que acompaña al proceso de paz en Estados Unidos y su percepción en Colombia. Pero nadie presta atención, y las instituciones a las que los políticos y los medios se dirigen para buscar conocimientos objetivos e investigación académica son precisamente las que promueven la agenda de Santos.

La relación entre Colombia, Noruega y los think tanks estadounidenses y la legalidad de dichas relaciones se analizarán en la segunda parte de esta serie.

 (Publicado en Periodismo Sin Fronteras en octubre de 2016.)